Tres proyectos de ley analizó y despachó durante los pasados días la Sala de la Cámara, en una semana en que se debió compatibilizar el trabajo legislativo con el tratamiento de dos acusaciones constitucionales.
Los proyectos se abordaron en dos sesiones celebradas el miércoles 16. En la primera jornada, se discutió la propuesta sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos (boletines 16781, 16881 y 16901).
La idea matriz del texto despachado es establecer el deber del Estado de adoptar medidas para la promoción de la convivencia educativa y el buen trato. Además, propender al desarrollo de medidas para el resguardo de todos los integrantes de la comunidad, especialmente profesores y asistentes de la educación. Se envió a segundo trámite.
En la tarde, en tanto, se aprobaron las otras dos iniciativas. La primera de ellas también pasó al Senado, mientras que la segunda se derivó a fase de promulgación.
La primera propuesta modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. El objetivo del proyecto (boletines 15084 y 16793) es ampliar la garantía exigida al vendedor en los actos jurídicos destinados a la compraventa de un bien raíz como, por ejemplo, en las compras en verde.
La norma surge a partir de los inconvenientes que subsisten para proteger a las personas que realizan una promesa de compraventa de un bien raíz en la modalidad conocida como compras en verde o en blanco.
El segundo de los proyectos aprobados (boletín 13869) obliga a la adopción del régimen de federación deportiva nacional para aquellas entidades que reciben recursos públicos de manera permanente.
Con esta iniciativa se busca fomentar la aplicación del régimen de Federaciones Deportivas Nacionales (FDN). Así, se espera reforzar los resguardos de los recursos públicos que se transfieren a estas organizaciones. Igualmente, mejorar su gestión y elevar los estándares de funcionamiento interno de dichas entidades.
De las acusaciones
El lunes 14, la sesión se dedicó al análisis y votación de la segunda acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco. En este marco, la Sala rechazó, en primer lugar, la impugnación de la defensa respecto de la procedencia formal del libelo. Luego, respaldó, por 131 votos a favor y una abstención, la admisibilidad de la acusación constitucional y designó una comisión para defenderla ante el Senado.
Un destino distinto tuvo la acusación en contra del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus. Sin apelar a la cuestión previa, la discusión, desarrollada el martes, se dirigió directamente al fondo de las imputaciones. Tras ello, la Corporación resolvió rechazar la admisibilidad del libelo, finalizando el proceso ahí.
