La Sala de la Cámara despachó al Senado el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos (boletines refundidos 16781, 16881 y 16901).
La finalidad de esta iniciativa es modificar la Ley General de Educación para prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales.
La idea matriz del texto, originado en dos mociones parlamentarias y un mensaje del Gobierno, era establecer el deber del Estado de adoptar medidas para la promoción de la convivencia educativa y el buen trato. Además, propender al desarrollo de medidas para el resguardo de todos los integrantes de la comunidad, especialmente profesores y asistentes de la educación.
Sin embargo, la Sala rechazó esta y otras normas que tenían rango orgánico constitucional, al no alcanzar el quórum de 78 votos a favor (sólo obtuvo 74 votos afirmativos).
Igualmente, se rechazó el derecho de las y los alumnos a estudiar en un ambiente tolerante, seguro, saludable, de respeto mutuo, libre de violencia y de resguardo de su indemnidad sexual. Así como, que se respete y reconozca su libertad personal y de conciencia. Y, que no se incurra en actos discriminatorios como aquellos motivados a su pertenencia étnica, cultural, religiosa, ideología e identidad sexual.
Otra norma que no pasó al Senado es aquella que consideraba como objetivo de la educación media desarrollar habilidades para la resolución de conflictos personales e interpersonales. Esto, a través de talleres en las horas de orientación y consejo de curso. Tampoco, los principios para la gestión de colaboración de los conflictos.
Finalmente, se rechazó que la Superintendencia de Educación capacitara a los establecimientos educacionales y que pudiera pedir asesoría al Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica (CPEIP).
Política Nacional de Convivencia
El proyecto, aprobado parcialmente, modifica la Política Nacional de Convivencia Educativa. A su vez, su implementación a través de un Plan Nacional de Acción Nacional de Convivencia Educativa.
Entre las enmiendas se apunta a los órganos del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Asimismo, los lineamientos sobre seguridad y convivencia que implementarán el equipo directivo y el coordinador de Convivencia Educativa. Este último, tendrá dedicación exclusiva y jornada completa en los establecimientos educacionales.
La iniciativa considera que los reglamentos internos contemplen medidas de prevención y protocolos de protección, investigación y sanción. Igualmente, medidas preventivas de protección de la persona afectada por violencia física y sexual. Junto a ello, se determinaron plazos que no afecten la trayectoria educativa.
Y, en el caso de la suspensión preventiva del empleo, esto no podrá afectar la remuneración del trabajador.
Diferencias parlamentarias
Luego del informe de las comisiones de Educación y de Hacienda, a cargo de Daniela Serrano (PC) y Ricardo Cifuentes (DC), respectivamente, fue el turno de las intervenciones de los legisladores.
En primer lugar, se compartió la necesidad de abordar la violencia presente en los establecimientos educacionales, que han producido una herida emocional en muchos estudiantes, que incluso han llegado al suicidio. Pero, hubo divergencias sobre ciertas normas y los recursos para su implementación.
Desde representantes de partidos de la oposición se acusó un tema ideológico. Además, se reiteró la reserva de constitucionalidad porque obliga a modificaciones reglamentarias que afectan la libertad de enseñanza y el proyecto educativo de los establecimientos. Por otra parte, se acusó que también afecta el derecho preferente de los padres sobre la educación de sus hijos/as.
En favor del proyecto, las y los diputados hicieron un llamado a salvar vidas y considerar la realidad actual del maltrato escolar. En este sentido, recordaron los casos de los estudiantes José Matías y Katherine Winter, así como de la profesora Katherine Yoma, entre otras víctimas.
Participaron en la discusión las y los diputados Carolina Tello (FA), Sara Concha (PSC), Alejandra Placencia (PC), Jorge Saffirio (DEM), Christian Matheson (IND), Marcia Raphael (RN), Carlos Bianchi (IND), Luis Sánchez (PREP), Daniella Cicardini (PS), Sergio Bobadilla (UDI), Viviana Delgado (IND), Érika Olivera (DEM), Ana María Gazmuri (PAH), Miguel Mellado (RN), Javiera Morales (FA), Stephan Schubert (IND), Flor Weisse (UDI), Francesca Muñoz (PCS) y Juan Santana (PS).
Además, participaron Sebastián Videla (IND), Chiara Barchiesi (PREP), Catalina Pérez (FA), Leonidas Romero (IND), Camila Musante (IND), Cristián Tapia (IND), Ana María Bravo (PS), Marlene Pérez (IND), María Luisa Cordero (IND), René Alinco (IND), Agustín Romero (PREP), Tomás Hirsch (PAH), Cristhian Moreira (UDI), Camila Rojas (FA), Miguel Ángel Calisto (IND), Héctor Barría (DC), Diego Schalper (RN), Nathalie Castillo (PC), Emilia Schneider (FA), Johannes Kaiser (IND), Jaime Sáez (FA), Lorena Pizarro (PC), Gael Yeomans (FA), María Francisca Bello (FA) y Andrés Giordano (FA).
Ministro de Educación
En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, manifestó que el tema que aborda el proyecto es delicado y doloroso. Por ello, se establece una mirada de Estado para que las comunidades educativas prevengan hechos de violencia.
Destacó que la idea es aprender a convivir en comunidad y enfatizó que el proyecto no parte de cero. Explicó que consideró las mociones presentadas desde el año 2002 en adelante. Asimismo, aclaró que los recursos que considera buscan que la Superintendencia resuelva la tasa de denuncias relativas al maltrato escolar.
Finalmente, subrayó que los sostenedores ya tienen la obligación de denunciar hechos de violencia y ahora se amplía la protección de las y los trabajadores de la educación.
