Mediante la aprobación unánime de la resolución 1260, la Cámara solicitó al Presidente de la República destinar los recursos necesarios para brindar un mayor número de atenciones del área de salud mental, al interior del sistema de atención primaria.
El texto, de autoría de la diputada María Luisa Cordero (IND) y patrocinada por las y los diputados Sofía Cid (IND), Catalina Del Real (IND), Eduardo Durán (RN), Daniel Lilayu (UDI), Carla Morales (RN), Ximena Ossandón (RN), Marlene Pérez (IND), Hugo Rey (RN) y José Miguel Castro (RN), además busca que se realicen todas las gestiones para disminuir la brecha de profesionales en el sector.
La solicitud se respalda en datos de la Encuesta Nacional de Salud, que da cuenta que la tasa de enfermedades mentales en Chile es del 23,6% pero la cobertura en materia de salud mental es de sólo un 20%.
Esto se suma a que, de acuerdo al Plan de Acción de Salud Mental 2019-2025 del Ministerio de Salud, faltan 921 médicos psiquiatras y 421 psicólogos/as para la atención ambulatoria adulto e infanto-adolescente.
Mejoras para Carabineros y la PDI
La Sala también respaldó la resolución 1262, de los diputados socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, que pide al gobierno mejorar las condiciones del personal de las plantas de suboficiales de Carabineros y la PDI (aprobada por 137 votos).
Para ello, se plantea incrementar el salario del personal de los escalafones bajos, en especial de los grados de Carabineros, Cabo 2º y Cabo 1º y sus homólogos en la PDI.
El documento plantea que es necesario promover una policía profesional y darle garantías a los funcionarios que se reconoce su ardua labor. Así como, evitar puedan ser “tentados” por el crimen organizado, a través de incentivos económicos.
Fuerza Elite
Asimismo, la resolución 1263 plantea crear una “Fuerza de Elite” integrada por expertos en materia de inteligencia y funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas.
Estos profesionales deberán contar con una preparación especializada para combatir, con dedicación exclusiva, coordinada y estratégica, el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Esto en consideración a las circunstancias actuales de inseguridad que afectan a Chile y las nuevas modalidades de dichas asociaciones.
El texto es de las y los diputados UDI, Henry Leal, Fernando Bórquez, Marta Bravo, Eduardo Cornejo, Cristian Labbé, Daniel Lilayu y Marco Antonio Sulantay, junto a las independientes Marlene Pérez y Natalia Romero; y recibió 100 votos a favor, 23 en contra y 11 abstenciones.
Aguas San Isidro
Por otra parte, la Sala respaldó la resolución 1261, que pide al Ejecutivo instruir a la Superintendencia de Servicios Sanitarios caducar la concesión de la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A., en la localidad de Los Molles.
El documento aprobado por 77 votos afirmativos, 11 en contra y 42 abstenciones, también solicita iniciar la evaluación de caducidad en las comunas de Los Vilos, Padre Hurtado y Temuco.
El texto destaca el trabajo de la Comisión Investigadora (CEI 35) que fiscalizó los actos de gobierno por los problemas sanitarios ambientales generados por dicha empresa, que presenta incumplimientos reiterados de las normativas y tiene procesos sancionatorios abiertos permanentemente.
Los autores de la resolución son las diputadas María Francisca Bello (FA), Nathalie Castillo (PC), Viviana Delgado (IND), Marta González, (IND), Emilia Nuyado (PS), Ericka Ñanco (FA) y Carolina Tello (PC), junto a los diputados Miguel Mellado (RNH) y Víctor Alejandro Pino (DEM).
Avalúo bienes raíces agrícolas
Finalmente, la Sala apoyó la solicitud 1266 -con 120 votos a favor y 17 abstenciones- que pide al Presidente de la República, al ministro de Hacienda y al Servicio de Impuestos Internos, adoptar medidas para atenuar el reavalúo de los bienes raíces agrícolas.
La petición apunta a que este reavalúo, que se realiza cada cuatro años, actualizó el valor fiscal de más de 940 mil predios agrícolas, tema que habría tenido un incremento de un 44% en el actual período. Esto implicó un aumento de un 2,6% de las propiedades afectas a contribuciones, mientras que sólo un 0,5% quedaron exentas.
Respecto a las contribuciones, su valor promedio subió un 9%, y en regiones como Tarapacá, Antofagasta y Atacama se duplicó el avalúo.
Es por ello, y dada la crisis económica que afecta a distintos sectores como el agrícola, se solicita adoptar alternativas de apoyo a los productores y evitar cualquier aumento de su carga impositiva.
La resolución es de autoría de las y los diputadas UDI Flor Weisse, Sergio Bobadilla, Marta Bravo, Eduardo Cornejo, Felipe Donoso, Henry Leal, Daniel Lilayu, Cristóbal Martínez y Gastón Von Mühlenbrock.
