Dispersión normativa, que considera más de 380 autorizaciones en 37 servicios públicos distintos; procesos de evaluación excesivamente largos; plazos que no se cumplen; y falta de certeza jurídica. Esos son algunos de los aspectos que motivaron al Ejecutivo a presentar un proyecto de ley (boletín 16566) que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales (permisología) y que la Comisión de Hacienda apoyó en forma unánime.
El texto, que ya contaba con la aprobación de la Comisión de Economía, se revisó a la luz de diez artículos. Ellos se relacionaron con temas como el gasto fiscal involucrado y la institucionalidad encargada. Esta refiere a:
- Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial.
- Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales.
Para su análisis se contó con la presentación del ministro de Economía, Nicolás Grau. Este expuso las motivaciones que se tuvieron a la vista, así como los acuerdos alcanzados en la comisión técnica. Asimismo, relevó los avances que implicará la constitución de esta normativa.
“Los tiempos totales de tramitación sectorial de los proyectos de inversión serán reducidos en, al menos, 30% en promedio”, precisó. Igualmente, dijo que habrá un aumento directo en el PIB, derivado de nuevos proyectos de inversión de un de 2,4% en 10 años. Junto a ello, se incrementará la recaudación fiscal producto del adelantamiento de flujos futuros por 0,27% del PIB de 2023.
¿Qué involucra el proyecto de autorizaciones?
El ministro Grau remarcó que acá no se consagra ni menos ni más regulación, sino que “mejor regulación”. Así, la iniciativa pasa por crear un sistema que incluye políticas, instituciones, normas y principios para la correcta tramitación de autorizaciones. Además, se resguardan los objetos de protección inherentes a cada sector.
Por otra parte, se avanza en una “organización de autorizaciones en tipologías” y en la promoción de la regulación fundada en riesgos. A ello se suma la posibilidad del uso de avisos o declaraciones juradas.
Otra línea son formularios de ingreso y admisibilidad, como límite a la discrecionalidad funcionaria. También se pone límite a la espera de informes de otros organismos de la administración del Estado; se fijan plazos supletorios y reglas claras para ejercer el silencio administrativo; y se define un procedimiento transparente para la priorización de proyectos.
Adicionalmente, se promueve la colaboración público-privada en la tramitación de autorizaciones. Se suma a ello una institucionalidad que velará por el correcto funcionamiento del sistema; la administración y operación de una ventanilla única digital para el ingreso de solicitudes; y la revisión permanente de las autorizaciones, entre otros aspectos.
Apoyo al proyecto de autorizaciones
En la discusión, Jaime Sáez (FA), Alexis Sepúlveda (PR) y Carlos Bianchi (IND) expresaron su preocupación por la descentralización. Así, plantearon la necesidad de reforzar, por ejemplo, oficinas públicas que se ven sobrepasadas por falta de personal.
Jaime Naranjo (PS) y Miguel Mellado (RN) valoraron la constitución de una oficina al interior del ministerio y no una entidad externa. De hecho, Frank Sauerbaum (RN) resaltó que esta modificación a la idea original ahorró al Estado más 600 millones anuales.
Mellado, en todo caso, relevó el acuerdo alcanzado en la Comisión de Economía, gracias a la conformación de una mesa técnica que superó las trabas. Dicho punto también fue refrendado por Boris Barrera (PC), quien aclaró que los nudos estuvieron en la institucionalidad.
Además, Barrera destacó las facilidades que se dan para las pymes y el hecho que se descartara de este sistema la parte medioambiental, punto que fue rescatado, igualmente, por Camila Rojas (FA), junto con reducir la discrecionalidad de los funcionarios públicos en la toma de decisiones.
