Regulación a llamadas publicitarias entre los temas que abordaron las comisiones

La regulación de llamadas publicitarias y de cobranza, así como la prioridad en la atención de personas con discapacidad fueron parte de los temas que estudiaron las comisiones de la Cámara durante esta semana.

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Regulación a llamadas publicitarias entre los temas que abordaron las comisiones

Limitar las llamadas publicitarias y de cobranza es el objetivo de dos mociones refundidas que aprobó la Comisión de Economía. El grupo parlamentario respaldó que las comunicaciones enviadas por escrito deberán indicar su materia o asunto; así como la identidad del remitente. Además, una forma expedita para que el destinario pueda solicitar la suspensión.

Además, se establece un máximo de llamadas telefónicas, visitas u otras actuaciones de cobranzas por semana, respecto de una determinada deuda.  Ello, independientemente de si la gestión la realiza el proveedor del crédito o una empresa de cobranza extrajudicial.

La primera moción busca prohibir llamadas telefónicas publicitarias de proveedores sin consentimiento del consumidor (boletín 15610).

En tanto, la segunda, modifica normas legales en materia de identificación de llamados telefónicos promocionales, publicitarios y de cobranza extrajudicial (boletín 16041).

La propuesta pasó a la Sala. En su articulado establece, además, que el contacto telefónico o la gestión de cobranza deberá efectuarse mediante un número telefónico u otra fuente que sea reconocible o identificable previamente por el usuario.

Prioridad para personas con discapacidad

Además del tema de llamadas publicitarias, otras comisiones revisaron temas en materia de discapacidad, trigo, inversión, derechos de agua y probidad, entre otros.

Así, por ejemplo, la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad inició el estudio del proyecto que modifica la Ley 20.422. La idea es autorizar en los servicios públicos la atención prioritaria de los inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad (boletín 16396).

Se trata de una moción de la diputada Marlene Pérez (IND). En la sesión, la legisladora dijo que el objetivo es que los inscritos en el citado registro puedan contar con atención preferente en todos los servicios públicos que atiendan público.

En la moción se indica que nuestro país necesita avanzar en medidas que promuevan la accesibilidad universal. Pero, mientras esto no se concrete, la visión del Estado debe estar enfocada en mejorar la atención que las personas con discapacidad tienen cuando asisten a organismos estatales que atienden a público.

La comisión acordó votar este proyecto en la próxima sesión de la comisión.

Inocuidad del trigo importado

En otro plano, la Comisión de Agricultura inició la discusión general del proyecto que modifica la Ley 20.656, que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios (boletín 17041). El objetivo es exigir la certificación de la inocuidad del trigo importado.

La propuesta busca la reducción de la exposición a sustancias peligrosas y en trabajar hacia la eliminación total de estas de nuestro consumo.

Andrea García, directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), analizó los fundamentos de la moción y los objetivos del proyecto identificados. En relación a la inocuidad, aseguró que es mejor hacer referencia al Código Sanitario y no a la Ley de Transacciones Comerciales.

Según explica la moción, en nuestro país, se consumen de 2,4 millones de toneladas de trigo al año. De ellas, un 45% proviene de trigo propio cultivado desde la región del Maule al sur, con una concentración mayor en la zona de La Araucanía. El resto, proviene de países como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Asimismo, las y los legisladores agregaron que, hasta el año 2022, el principal proveedor de grano a nuestro país era Argentina, que concentraba el 53,3% del total, pero, posteriormente, ambos países del norte del continente tomaron aquella posición.

Otras comisiones

Compartimos la información de otras comisiones que sesionaron esta semana.