La Comisión de Gobierno Interior aprobó un proyecto que busca prescribir la deuda de los derechos de aseo domiciliario tres años después de originada.
El texto (boletín 15522), que pasó a consideración de la Sala, se originó en una moción del diputado Fernando Bórquez (UDI). Se suman en la firma sus colegas de bancada Marta Bravo, Álvaro Carter, Juan Antonio Coloma, Felipe Donoso, Daniel Lilayu, Cristhian Moreira, Marlene Pérez, Natalia Romero y Flor Weisse.
La propuesta modifica la Ley de Rentas Municipales. Dispone que la prescripción de la acción de cobro de derechos de aseo domiciliario será declarada de oficio y sin más trámite para el deudor, transcurridos tres años, contados desde que la obligación se hizo exigible.
En la sesión se aprobó este texto, correspondiente a una indicación sustitutiva del diputado Bórquez junto al diputado Juan Fuenzalida (UDI).
En los antecedentes de la moción, se indica cada municipalidad decide a quién exime del pago del cobro de aseo domiciliario. Ello genera una discriminación en las personas que viven en distintas comunas, dependiendo del criterio del municipio.
Hoy, las municipalidades no tienen las atribuciones para declarar de oficio la prescripción de deudas de los derechos de aseo municipal. Por ello, incluso en aquellos casos en que las autoridades comunales tienen la intención de ayudar a los habitantes más vulnerables de su comuna, se encuentran impedidas al no existir ninguna ley ni reglamento que así las faculte.
Destino de inmuebles abandonados
En segundo término, la Comisión de Gobierno Interior analizó una propuesta, también originada en moción, que autoriza la destinación temporal de propiedades abandonadas por motivos de seguridad o salubridad públicas (boletín 16675).
En la oportunidad, asistió el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, quien entregó su opinión respecto al proyecto. El edil mostró un panorama general respecto a los inmuebles abandonados y cómo terminan siendo refugio para el narcotráfico y otras actividades delictivas.
Dijo que no hay ninguna facultad para que las autoridades comunales puedan hacerse cargo de inmuebles abandonados, ya sea que pertenezcan a particulares o al Estado. Por ello, pidió que se entregue la facultad para que, al menos provisoriamente, las municipalidades puedan hacerse cargo de estos espacios.
La comisión aprobó en general esta iniciativa, incorporando una indicación sustitutiva presentada por el Gobierno, que comenzará a analizarse en las próximas sesiones.
