Con el fin de recabar información y establecer eventuales responsabilidades, se constituyó la comisión investigadora sobre otorgamiento de derechos de agua en las regiones de Ñuble y Biobío.
Se trata de una instancia que busca reunir antecedentes sobre determinados actos de Gobierno, en especial, del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas (DGA).
Lo anterior, respecto de los criterios aplicados por esta última para conceder favorecimientos y aumentos de caudal a asociaciones de canalistas con derechos de aprovechamiento de aguas en las citadas regiones.
La instancia será presidida por el diputado Frank Sauerbaum (RN) y deberá rendir su informe en un plazo no superior a 60 días. Para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
El grupo parlamentario también estará compuesto por las diputadas María Candelaria (PC), Marta Bravo (UDI), Sara Concha (PSC), Joanna Pérez (DEM) y Consuelo Veloso (IND). Además, la integrarán los diputados Jaime Araya (IND), Felipe Camaño (IND), Henry Leal (UDI), Raúl Leiva (PS), Benjamín Moreno (REP) y Leonidas Romero (IND).
Derechos de agua
La solicitud para conformar la comisión, liderada por el diputado Camaño, describe que distintos agricultores y usuarios de derechos de agua en la región de Ñuble denunciaron a la DGA por haber favorecido a la Asociación de Canalistas de Canal Zañartu con un aumento de caudal de 22,6% m3/s a 33,0 m3/s. Dicha resolución afectó directamente a los usuarios de la cuenca en un equivalente aproximado a 11.000 hectáreas.
El documento agrega que, dicho aumento de caudal se da “inexplicablemente” luego de infracciones sistemáticas que la DGA cursa a la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu (por extracción ilegal de aguas) y no tiene ningún sustento técnico ni lógico. Esto, ya que ningún organismo fiscalizador aumenta el caudal luego de años de infracciones por extracción ilegal.
Por esta razón, añade, es necesario investigar el criterio por el cual la DGA tomó esta decisión y, al mismo tiempo, despejar cualquier duda de un supuesto tráfico de influencias.
La comisión acordó sesionar los días lunes, a las 19:15 horas. También, fijó un plazo para proponer a los primeros invitados, priorizando escuchar las exposiciones de los principales afectados.
