Avanzar en un mayor nivel de probidad en el servicio público. Esa es la finalidad de un proyecto aprobado en general por la Comisión de Constitución, por 12 votos a favor y uno en contra.
El proyecto en cuestión modifica la Carta Fundamental para establecer inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos para quienes hayan cometido delitos contra la probidad (boletín 16893).
La norma define que estarán inhabilitados para desempeñar un cargo o función pública, aquellos que hubiesen sido condenados por sentencia firme respecto de delitos contra la probidad.
Adicionalmente, establece que cesará en el cargo el funcionario que se encuentre en ejercicio de la función o cargo público, desde que se certifique que la sentencia condenatoria se encuentra ejecutoriada. No obstará a estas sanciones el que el cargo sea de elección popular.
La iniciativa la impulsó el diputado PS Marcos Ilabaca. También la firman sus colegas de bancada Ana María Bravo, Tomás De Rementería, Daniel Melo, Jaime Naranjo, Emilia Nuyado, Juan Santana Leonardo Soto y Nelson Venegas.
El grupo parlamentario que preside el diputado Miguel Ángel Calisto (IND-DEM) acordó que se podrá presentar indicaciones hasta el lunes 9. Con ello, se espera votar hasta total despacho el articulado, el martes 10 de septiembre.
En el debate, las y los legisladores se mostraron transversalmente disponibles para legislar sobre la materia. Se estimó necesario dar señales de rigurosidad ante la ciudadanía, de que no se tolerarán conductas contrarias a la probidad pública.
Entre las propuestas se planteó la posibilidad de cambiar la norma de ubicación en la Constitución a otro título y hacer afecta la inhabilidad para la postulación a cargos públicos. También hacer un listado de qué delitos estarían incorporados y cuánto tiempo duraría la inhabilidad.
Robo de cables
En una segunda parte de la sesión, la comisión despachó el segundo informe relativo al proyecto (boletín 14983) que define sanciones para los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones.
Luego de analizar y discutir el conjunto de las indicaciones presentadas, se optó, por mayoría de votos, aprobar solo una de ellas. Esta modificación permite agregar, dentro de las diligencias investigativas relacionadas a los delitos acá definidos, la interceptación telefónica.
El resto del articulado quedó con la misma redacción establecida en su aprobación en general en la Sala, el pasado 6 de agosto.
Cabe mencionar que, para sus fines, la propuesta efectúa modificaciones en el Código Penal, definiendo, entre otras materias, nuevas penas o elevando otras, en línea con lo hecho anteriormente para el robo de madera.
