Con 132 votos a favor, la Cámara respaldó los cambios del Senado al proyecto que obliga a las isapres a informar a la Superintendencia de Salud el alza de planes (boletín 15751). Se trata de una moción que presentó el diputado Tomás Lagomarsino (Ind) y ahora pasó al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República. .
Las modificaciones que ratificó la Sala buscan aumentar la claridad, precisión y transparencia en el proceso de ajuste de precios de los planes de salud por parte de las entidades privadas de Salud.
De esta forma, se refuerza la regulación para asegurar que cualquier ajuste esté debidamente justificado y refleje fielmente los costos reales en los servicios de salud.
En ese sentido, se establece un plazo de quince días, corridos desde la publicación del Indicador Referencia de Costos de Salud, para que las isapres informen su decisión de ajustar o no el valor de los planes de salud. Sin embargo, la modificación propuesta define, explícitamente, que, si el indicador es negativo, las instituciones no podrán aumentar los precios, eliminando la posibilidad de interpretación ambigua.
Variación anual
Asimismo, el proyecto dispone que las isapres deben proporcionar una lista detallada de antecedentes, que incluyen variaciones en el gasto por persona beneficiaria, cantidad y tipo de prestaciones bonificadas, así como costos en subsidios de incapacidad laboral. Las modificaciones mantienen estos requisitos, pero la información se agrupa en categorías más amplias y añade un nuevo criterio: el porcentaje de variación anual del costo operacional.
A la vez, se define, explícitamente, que los cálculos de variaciones en prestaciones y costos excluyen las Garantías Explícitas en Salud (GES) contempladas en el Régimen General de Garantías en Salud.
La Superintendencia de Salud publicará los resultados de su verificación en el Diario Oficial y en su página web, confirmando la autorización para los ajustes propuestos, siempre y cuando no superen el valor del indicador de costos de salud y el verificado por la Superintendencia. El organismo fiscalizador emitirá una resolución que contendrá la verificación del porcentaje de ajuste de cada isapre, brindando mayor transparencia y especificidad en el proceso.
Adicionalmente, el texto indica que es obligación de la Superintendencia de Salud emitir una circular detallando la forma en que las instituciones deben informar los antecedentes requeridos para justificar los ajustes de precio.
Comunicación de alza de planes de salud
En segundo término, la norma indica que el aumento en los planes de salud deberá informarse en el mismo mes de marzo del año respectivo en que se decide el ajuste.
La comunicación a los afiliados debe hacerse principalmente por medios electrónicos. Para ello se deberán basar en la información más reciente registrada. Si no se dispone de un correo electrónico, se deberá enviar una carta certificada. La notificación se considerará realizada al quinto día desde el envío de la carta certificada.
A la vez, se prohíbe específicamente que la comunicación contenga o adjunte cualquier información adicional que no esté relacionada con la adecuación propuesta. Ello asegura que los afiliados reciban únicamente la información relevante y específica del ajuste.
Las isapres deben estar siempre en condiciones de acreditar la remisión de la comunicación a sus cotizantes, independientemente del método de notificación utilizado. También se fomenta el uso de medios como el correo electrónico para la comunicación.
Debate
Durante el debate en la Sala intervinieron Hotuiti Teao (Ind), Marta Bravo (UDI), Felipe Camaño (Ind), Tomás Lagomarsino (Ind), Andrés Celis (RN), Hernán Palma (Ind), Daniel Lilayu (UDI), Agustín Romero (PREP), Juan Carlos Beltrán (RN), Roberto Arroyo (PSC), Helia Molina (PPD) y Bernardo Berger (Ind).
En la discusión, las y los legisladores destacaron esta propuesta, como uno de los componentes del proceso de reforma a las isapres. Asimismo, resaltaron el rol de la Superintendencia de Salud en la autorización del alza.
También valoraron el objetivo de reducir la judicialización y se mostraron confiados en que los reajustes sean percibidos como más justos por la ciudadanía.
