En primer término, la Resolución 1190, aprobada por 100 votos a favor y 33 abstenciones, pide que el Presidente de la República presente un proyecto de ley para otorgar un seguro de vida a los funcionarios municipales de comunas de difícil desempeño producto de la violencia terrorista.
La petición, presentada por los diputados de la UDI Marlene Pérez y Henry Leal, incluye asignaciones por trabajo en zona de riesgo a quienes habitan, especialmente, las provincias de Malleco, Arauco y Cautín. Los autores esperan poder ampliar el beneficio a todas aquellas localidades cuyo territorio se encuentre afecto a la declaración de un estado de excepción constitucional.
También del diputado Leal, la Sala aprobó la solicitud de resolución 1192 que pide el ingreso de un proyecto de ley, esta vez para modificar el sistema penal en materia procedimental.
El texto, respaldado por 129 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, llama a incorporar medidas que permitan sancionar con penas efectivas a quienes actúan al margen de la ley. También, que permitan enfrentar las nuevas modalidades delictivas asociadas al crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común.
Proyecto de ley zona franca
Asimismo, la solicitud 1194 -de autoría del diputado Christian Matheson (IND)-, pide que los vehículos nuevos y 0 km adquiridos en zonas franca queden liberados de cualquier prohibición transcurridos 10 años y sin pago alguno.
Al ser una materia de iniciativa exclusiva del Presidente, la resolución, respaldada por 129 votos a favor y 7 abstenciones, pide que el Mandatario ingrese el proyecto de ley respectivo.
Medidas en materia de salud
La resolución 1191 solicita al Presidente de la República instruir al Ministerio de Salud facilitar el acceso al diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de los pacientes con uveítis (enfermedades oftalmológicas, caracterizadas por la inflamación a nivel de los tejidos intraoculares).
La petición, encabezada por el diputado Patricio Rosas (FA), busca garantizar el acceso a agentes biológicos para aquellos pacientes refractarios a tratamiento.
La solicitud 1197, de Cosme Mellado (PR), pide incorporar el Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) en el GES.
Este afecta la manera en que una persona piensa, siente y se relaciona con los demás. El texto recalca que la creciente incidencia de suicidios en Chile constituye un problema que demanda la atención y acción inmediata. La urgencia radica en que dichos pacientes experimentan autolesiones y tentativas de suicidio.
En materia de infraestructura, la Resolución 1193 solicita al Ejecutivo implementar todas las medidas legales y administrativas para crear un piloto de Unidad de Urgencia para Personas Mayores (UPM) en la Región de Ñuble, y después replicarlo en otras regiones con una alta taza de pacientes geriátricos.
La solicitud, de autoría de la diputada Marta Bravo (PS), indica que, si bien se debe considerar que las patologías diagnosticadas durante la tercera edad pueden ser iguales a las de adultos, cambia su frecuencia, expresión clínica y evolución, que obliga a tener una respuesta más rápida y especializada.
Y, la Resolución 1195 pide evaluar la construcción de un hospital público en la comuna de Los Muermos, región de Los Lagos.
Su autor, el diputado Fernando Bórquez (UDI), sostiene que la ocurrencia de enfermedades se hace más frecuente en personas mayores, y por ello es indispensable construir recintos asistenciales con un enfoque regional y mejorar el acceso a la salud de los habitantes, especialmente los mayores de 65 años.
Producción de trigo
Por 98 votos a favor, uno en contra y 19 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó la resolución 1196 que insta al Presidente de la República instruir a los ministros de Hacienda y de Economía adoptar medidas legislativas y administrativas para crear un plan de protección y estabilización de la producción nacional de trigo ante la distorsión de los precios.
Entre las propuestas se llama a evaluar las denuncias de importaciones con precios distorsionados y verificar eventuales colusiones de precios durante el proceso de producción de productos finales en base a trigo. Adicionalmente, la implementación de medidas como salvaguardias, derechos compensatorios y derechos antidumping.
La resolución es una propuesta de diputados encabezados por Francisco Pulgar (IND).
Cuidadoras
Por 121 votos a favor y 1 abstención, la Sala respaldó la Resolución 1199 que pide solicita al Presidente Boric implementar todas las medidas necesarias para otorgar un reconocimiento al rol de las cuidadoras como agentes del sistema de salud.
La solicitud presentada por la diputada Marta Bravo (UDI) dice que “entendiendo que este es un rol asociado principalmente a las mujeres y que históricamente les ha generado grandes limitaciones desde el punto de vista laboral”.
Por ello, pide considerar implementar una pensión transitoria homologable al monto de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez para aquellas personas que tengan impedimentos para trabajar formalmente al encontrarse realizando la labor de cuidador.
Ley Uber
Por 108 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones, la Sala solicitó al Mandatario adoptar medidas para solucionar las incongruencias y contradicciones en materia de fiscalización y sanción a los trabajadores-conductores de aplicaciones de transporte, hasta la publicación del reglamento de la ley 21.553.
Esto porque si bien en materia de impuestos, a partir del 01 de marzo de 2024, se han generado boletas de honorarios por los servicios que prestan a terceros a través de la aplicación, los controles y fiscalización se mantiene, en muchos casos con el requisamiento del vehículo y aplicación de multas.
La resolución 1200 fue presentada por la diputada Natalia Romero (IND).
Indulto presidencial
Finalmente, la Cámara de Diputadas y Diputados se manifestó a favor de la solicitud de indulto presidencial para Katty Margarita Hurtado Caamaño, presentada en enero de 2024.
A partir de la solicitud de resolución 1205, presentada por un grupo de diputadas, encabezadas por María Francisca Bello (FA) y Camila Rojas (FA) -aprobada por 83 votos a favor, 10 en contra y 25 abstenciones- se llama la atención sobre esta mujer condenada a 20 años de presidio mayor en su grado máximo por el delito de parricidio consumado en contra de su ex pareja Richard Aravena.
En su caso, la condición de legítima defensa contenida en el Código Penal –debido a la violencia intrafamiliar que este ejercía contra ella- no se acreditó debido a la interpretación sin perspectiva de género, excluyéndose de la etapa probatoria testimonios claves para acreditar la violencia permanentemente ejercida. Además, porque a la fecha del delito Katty no mantenía una relación de convivencia con su agresor.
