Para abordar la actual situación del cese de la atención de la sección consular de la República Bolivariana de Venezuela en Chile, y sus consecuencias en el ejercicio de derechos fundamentales de la comunidad radicada en el país, la Comisión de Derechos Humanos recibió a la presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, Patricia Rojas.
Rojas informó que con el cierre de la atención consular las personas de nacionalidad venezolana se están viendo impedidas de obtener la documentación necesaria para el avance de sus trámites migratorios.
“Esto expone a un gran número de personas a quedar en irregularidad migratoria, pérdida de empleos y situaciones de vulnerabilidad”, remarcó.
Además, propuso a la comisión solicitar al Servicio Nacional de Migraciones que acepte comprobantes de solicitudes de pasaporte en trámite de niños, niñas y adolescentes sin el visado de la sección consular de la embajada venezolana, para avanzar en la resolución de los visados de regularización.
La representanta de la Asociación venezolana, también pidió resolver las solicitudes de visados exonerando las subsanaciones de documentos venezolanos oficiales que deban ser legalizados en la sección consular.
Asimismo, extender la validez de los pasaportes venezolanos vencidos para trámites ante el Servicio Nacional de Migraciones hasta que se restituya la atención de la sección consular.
Comité para la Prevención de la Tortura
En otra materia, la comisión recibió al presidente del Comité para la Prevención de la Tortura, Luis Vial, para conocer los resultados del “Informe de Visita al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad”, publicado el 11 de julio del presente año.
Cabe recordar que dicho recinto penitenciario es la principal cárcel de alta seguridad en Chile. Cuenta con dos secciones: Alta Seguridad y Máxima Seguridad, y tiene capacidad para albergar a 296 personas.
El citado informe presenta los resultados de la visita preventiva realizada por el Comité, los días 28 y 29 de noviembre y 21 de diciembre del año 2023.
Vial señaló que en el documento se concluye que existe un profundo impacto en la salud física y mental que tiene el régimen que opera actualmente en la sección de máxima seguridad.
Al respecto, planteó que se requiere avanzar en una política criminal con enfoque racional, basado en la evidencia y centrado en los derechos humanos.
Entre sus recomendaciones, el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura, indicó que es necesario regular el uso del aislamiento y limitar su duración. Además, diseñar un modelo de gestión que considere el plan de egreso al régimen común.
Asimismo, incluir un informe técnico penitenciario en la resolución de ingreso. Y, fijar audiencias de revisión en un plazo no superior a los 60 días.
