Diversos fueron los temas que abarcó la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados en las cuatro sesiones legislativas que realizó en esta primera semana de julio de 2024.
En la jornada del lunes 1, la Sala aprobó, en segundo trámite, un proyecto (boletín 16729) que permite realizar las elecciones regionales y municipales en dos días. En concreto, la propuesta plantea realizar dichos comicios el sábado 26 y el domingo 27 de octubre.
La iniciativa, que fue objeto de variados cambios por su paso por la Cámara, retornó al Senado para su tercer trámite.
En la sesión del martes 2, se respaldó una nueva prórroga de 30 días del estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur. En el informe que acompaña la solicitud presidencial se destaca la detención de más de mil personas, desde el comienzo de la aplicación de la medida a junio de este año. De igual modo, se resalta la baja en los incidentes violentos, actos incendiarios y diversos delitos.
La Corporación también dio su apoyo al proyecto (boletín 16323) que busca establecer un plazo y condiciones para la inhumación o entierro respecto de funerales de riesgo para la seguridad y el orden público.
La propuesta, que continuará su tramitación en el Senado, encarga a el o la delegada presidencial regional la calificación de riesgo. Estos podrán ser distinguidos como de riesgo extremo, alto, moderado o bajo. Para la calificación, la autoridad podrá requerir información a la PDI y a Gendarmería.
Por otro lado, establece plazos para realizar el acto funerario. Junto a ello, se definen penas específicas para determinados delitos realizados dentro del lugar de velatorio, cementerio o crematorio (o en sus inmediaciones).
3 de julio
El miércoles de esta primera semana de julio, la Cámara no apoyó en su idea de legislar el proyecto (boletines 14941, 15010 y 15165) que buscaba establecer la obligación de pagar alimentos al condenado por causar lesiones gravísimas o muerte por conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Tras su rechazó, pasó a archivo.
Adicionalmente, se aprobó la petición formulada por 11 diputados/as para solicitar la remoción de los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras Largo y Francisco Ugás Tapia.
La Cámara remitirá a la Corte Suprema la solicitud aprobada, en conformidad a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 20.405. Dicha norma regula que el máximo tribunal puede remover de sus cargos a los consejeros del INDH, previo requerimiento del Presidente de la República o de la Cámara de Diputados.
Por otra parte, la Sala aprobó un texto en tercer trámite y lo derivó al Ejecutivo a etapa de promulgación. El proyecto (boletín 14615) perfecciona la institucionalidad de responsabilidad fiscal del Estado.
Los objetivos específicos son:
- Complementar la regla de balance estructural (BE) con metas de deuda pública. De esta manera se conserva el foco en un objetivo de BE, pero con justificación explícita de sostenibilidad fiscal.
- Formalizar y regular un procedimiento para los casos en que sea necesario desviarse de las metas de política fiscal.
- Publicación de estimaciones a mediano plazo.
- Evaluación de las metas de política fiscal.
- Elevar a rango legal la obligación de elaborar los informes financieros de proyectos de ley e indicaciones.
Jueves
El 4 de julio, día de su aniversario, la Cámara aprobó el informe de una comisión investigadora. Esta instancia fiscalizadora (CEI 38 y 39) estuvo encargada de reunir antecedentes sobre los actos del Gobierno relacionados con la protección y conservación del Campo Dunar de la Punta de Concón.
En sus conclusiones, el grupo parlamentario estableció que, pese a ciertos esfuerzos por resguardar el Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón, la implementación de las herramientas de protección es insuficiente y carece de continuidad en el tiempo.
Adicionalmente, en esta primera semana de julio, la Corporación envió un proyecto a tercer trámite legislativo. La propuesta (boletín 16933) considera un paquete de beneficios económicos para los sectores más vulnerables del país. Si bien la Sala aprobó el conjunto del articulado, uno de sus puntos no logró aprobarse.
En particular, reajusta los valores del Subsidio Único Familiar (SUF) y la Asignación Familiar (AF); e inyecta recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.
Además, contemplaba la reactivación del aporte pagado a través del Bolsillo Familiar Electrónico por los meses de invierno de 2024, punto que se perdió en las votaciones separadas. Ahora, el Senado deberá indicar si apoya dicha decisión o si opta por abordar el tema en una comisión mixta.
