Mil 75 personas han sido detenidas en el contexto del estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en la macrozona sur, desde su inicio (18 de mayo de 2022) hasta el 26 de junio pasado. Así lo indica el informe del Ejecutivo que acompaña la solicitud presidencial para extender la medida por otros 30 días, la cual la Cámara aprobó en la sesión de hoy, por 101 votos a favor, 18 en contra y 13 abstenciones.
Parte de las detenciones se derivan de los controles vehiculares y de identidad llevados a cabo hasta la fecha indicada. En total, estos sumaron 485.516.
El informe especifica que, hasta el 23 de junio 2024, se observa una disminución del 41% de los eventos de violencia rural. Esto, en comparación al mismo periodo del 2023. Y, en comparación a 2021, la baja experimentada llega a un 60%. Esta es la menor cifra de los últimos seis años.
Los eventos han disminuido en todas las regiones de la macrozona sur con la aplicación del EECE: 43%, en La Araucanía; 33%, en el Biobío; 53%, en Los Ríos; y 60%, en Los Lagos. A nivel provincial, Malleco marca una disminución de 38% en el total de eventos, siendo la provincia que más incide en la disminución en la macrozona. Además, Cautín disminuyó un 56% y Arauco un 35%.
Los incendios, desórdenes y robos son los delitos que guiaron la disminución de eventos. Las usurpaciones en la macrozona sur muestran una disminución del 20% en comparación al 2023; y un 87%, en cuanto a las del 2021. Ello, según el texto, son las más bajas del periodo 2017-2024.
Ahora, los ataques incendiarios se redujeron en un 58% y los bienes incendiados disminuyeron en 62%, respecto del mismo período del 2023. Los inmuebles incendiados bajaron un 82%, mientras que los camiones, vehículos, buses y maquinarias se redujeron un 53%.
Finalmente, se observa una reducción del 58% en los cortes de ruta en la macrozona sur desde la implementación del EECE. Además, se presenta un descenso del 58% de los eventos con presencia de armas de fuego, en comparación al 2023.
Críticas al EECE
En el debate, desde la oposición, expusieron Miguel Ángel Becker (RN), Stephan Schubert (IND), Flor Weisse (UDI), Miguel Mellado (RN), Johannes Kaiser (IND), Daniel Lilayu (UDI), Jorge Rathgeb (RN), Henry Leal (UD), Juan Carlos Beltrán (RN), Héctor Barría (DC), Andrés Jouannet (AMA) y Jorge Guzmán (EVOP).
Si bien la mayoría anunció su apoyo a la medida, entendiéndola necesaria, también manifestó una visión negativa de los avances logrados a la fecha. Así, reclamaron que la violencia persiste, siendo un ejemplo el atentado ocurrido a vías férreas en la comuna de Ercilla. También recordaron que hubo una amenaza a la ministra del Interior, Carolina Tohá.
En este contexto, pidieron acciones más decididas y enérgicas. Particularmente, se llamó a atacar a los grupos terroristas que accionan en la zona y que, ahora, extorsionan a los pobladores y agricultores.
Oficialismo y Gobierno
En defensa de las acciones del Ejecutivo hablaron Emilia Nuyado (PS) y Leonardo Soto (PS). Resaltaron la importancia de las acciones impulsadas por el Gobierno, siendo el último de ellos el Plan Ercilla. Este buscará dar un mayor impulso de desarrollo a la comuna y de cerrar brechas de desigualdad, en comparación a otras zonas del país.
Igualmente, se valoró que se avance en diálogo con las comunidades y que exista un plan anti crimen organizado en operación. Asimismo, que haya inversión en tecnología y equipamiento policial, así como mejoras económicas en la macrozona.
La ministra Carolina Tohá remarcó que las cifras marcan una realidad diferente a la de seis años atrás. Así, se aprecia una importante cantidad de detenidos y procesos judiciales en curso, en un contexto en que la inversión sube en la macrozona sur, con menores tiempos de ejecución.
Pero, además, recalcó que se avanza en diálogo con las comunidades, donde se espera resultados concretos a fin de año, en especial, para definir el plan de restitución de tierras.
Paralelamente, planteó es necesario ir pensando en un proceso de salida hacia el futuro del EECE. La idea, acotó, es que los avances logrados se consoliden y que la restitución de derechos de los ciudadanos sea una realidad que perdure en el tiempo.
