La Comisión investigadora de Crimen Organizado (CEI 50) recibió las exposiciones de los fiscales de las regiones de Arica y de Tarapacá, Mario Carrera y Trinidad Steinert, respectivamente; así como el Defensor Nacional, Carlos Mora.
En primer término, los fiscales se refirieron a los operativos que han llevado adelante en investigaciones como el caso de Los Gallegos o el Tren de Aragua.
A modo de contexto, señalaron que a partir de 2021 y, especialmente, en 2022 se evidenció un alza en los homicidios y otros delitos aparejados como extorsión, amenazas, secuestros. De 7 u 8 casos hace 10 años, pasaron a 46 solo el 2022. Hoy esas cifras han ido bajando. De 46 a 26 el 2023, y en lo que va de este año solo llevan 8 casos.
Carrera explicó que tomaron decisiones que fueron criticadas, pero que hoy se ven como correctas ante lo que enfrentaban.
Así, por ejemplo, citó el traslado a otra región del fiscal a cargo de las investigaciones, la protección de testigos o de los agentes encubiertos. Pero, resaltó que falta una institucionalidad que actúe en forma automática en estos casos y no se haga como hoy a través de pedir favores. Ejemplificó que en el caso de uno de los hijos del fiscal, debió trasladarse desde una universidad pública a otra. Pero se encontraron con varias que se negaron a recibirlo y la que aceptó, cobró por cada ramo que se convalidó.
También nombró la adquisición de autos blindados, porque a su juicio, no se puede mandar gente a terreno sin condiciones mínimas de protección.
Éxito en investigaciones
En el caso del Tren de Aragua, Carrera comentó que tomaron como decisión no hacer ninguna detención hasta tener todo el organigrama. La fiscal Steinert precisó que se acusó a 44 personas, por delitos como tráfico de estupefacientes y de armas y que se están pidiendo penas altas, como presidio perpetuo, en un juicio que iniciará el 23 de septiembre.
En el caso de Los Gallegos, son 80 personas con prisión preventiva o condenados.
Asimismo, destacaron la investigación en el denominado Tren del coro, donde ya tienen condenas. Aquí se reconoció la asociación ilícita, lo cual aumenta las penas. El fiscal de Arica afirmó que estas son “organizaciones criminales”, “empresas del crimen” y los tribunales están más abiertos a este tipo de condenas.
Fronteras extensas
En materia de control fronterizo, el fiscal de Arica sostuvo que ambas regiones tienen fronteras muy vulnerables y que es una problemática que no hay que dejar de ver.
La fiscal Steinert, por su parte, explicó que el mayor control en Tacna y Chacalluta trasladó a los migrantes a Colchane, donde los pasos irregulares son más fáciles de recorrer a pie.
Por ello, enfatizaron que si no hay un control más robusto esto seguirá ocurriendo, porque nadie ingresa droga o armas para dejarlas en Arica. Es una zona de control territorial para poder expandirse al resto del país.
Finalmente, llamaron la atención sobre las tomas, que son lugares donde el crimen organizado inicia o trata de comenzar su dominio territorial.
“No puede haber lugares donde el Estado no llegue”, enfatizó Carrera.
Defensor nacional
El Defensor Carlos Mora informó que en 2023 tuvieron 280 mil casusas. Un tercio menos que el año con más causas que fue el 2011, con 380 mil casos.
Sobre la medida cautelar de prisión preventiva, informó que el 2011 fueron 20 mil, mientras que el año 2023 alcanzaron las 25 mil. Esto debido a las modificaciones legales y aumento de penas que se han adoptado en los últimos años.
En el caso de la macrozona norte, Mora confirmó que existe un aumento de causas ingresadas referidas a migrantes. Aproximadamente, en promedio corresponden al 35% de los casos en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta. No obstante, en el caso de Tarapacá llega incluso al 40% del total.
En materia de recursos humanos, explicó que solo cuentan con un abogado en cada una de estas regiones con especialización en el tema de migración.
Mora recuerda que el plan de fortalecimiento del Ministerio Público implica 230 nuevos fiscales y 36 en el caso de la Fiscalía supraterritorial.
En contraposición, el personal de la Defensoría Penal Pública equivale hoy al 86% del Ministerio Público. Pero el aumento de esta última organización no trae aparejado el aumento de defensores.
En ese punto, Mora recordó que el sistema es tripartito: poder judicial, fiscalía y defensoría. Por ende, a su juicio, si una organización se debilita, el sistema no funciona. Por ello, planteó que es importante el equilibrio.
En materia de seguridad, el Defensor Nacional afirmó que se han tomado medidas y existen protocolos en materia de probidad. Informó que a la fecha no tienen defensores amenazados ni casos de probidad vinculados al crimen organizado.
Por último, se refiere a la necesidad de fortalecer el sistema de inteligencia para prever delitos. Pero, planteó que siempre las medidas intrusivas deben ser con consulta a los tribunales por los derechos inculcados.
Consultas parlamentarias
En las preguntas de las y los parlamentarios se consultó sobre a qué se atribuye la baja en las tasas de homicidios en la zona norte. Asimismo, si se tiene identificados a los líderes de las organizaciones de crimen organizado internacional.
También se consultó por la protección de niños, niñas y adolescentes, así como el número de mujeres procesadas por tráfico, entre otros puntos.
