En el marco de las declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, que vinculó el crimen del exteniente Ronald Ojeda con servicios de inteligencia chilenos, el ministro del Interior (S), Manuel Monsalve, señaló que “son inaceptables”. Pero, remarcó que es importante mantener relaciones diplomáticas y el convenio policial con ese país.
Así lo señaló ante la Comisión de Seguridad Ciudadana que buscó conocer las acciones del gobierno frente a lo señalado por el fiscal venezolano.
En ese contexto, varias intervenciones de diputados cuestionaron que se mantengan nexos con Venezuela y si mantener este convenio tiene utilidad, por ejemplo, en materia de expulsiones.
El presidente de la instancia, diputado Andrés Longton (RN), pidió conocer los efectos del citado convenio. Agregó que se trata de una dictadura brutal y sus instituciones tienen poco carácter democrático. Por lo cual, cuestionó si es conveniente poner antecedentes a disposición de ese país y acusó “ingenuidad” del ministerio en la materia.
Por su parte, el diputado Andrés Jouannet (AMA) pidió una evaluación del convenio. También señaló que la vía diplomática no está sirviendo porque se debe esperar meses para expulsar.
Henry Leal (UDI) también consultó si se mantiene vigente el convenio y planteó si se puede o no confiar en Venezuela. A su juicio, las medidas de Chile son “sin carácter”, “sin fuerza”, ya que a Nicolás Maduro no le va a importar una nota de protesta, recalcó.
En tanto, el diputado Raúl Leiva (PS) señaló que el canal diplomático es una vía y las expulsiones están supeditadas al gobierno venezolano. En tal sentido, consideró que la persecución criminal la realiza un órgano autónomo y cada institución puede funcionar en su rol.
Respuesta del Ejecutivo
El ministro del Interior (S) informó que el gobierno chileno envío una nota de protesta y que otras alternativas se evalúan a nivel diplomático.
Sin embargo, recordó que el objetivo del gobierno es que el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda se aclare por parte del Ministerio Público. Esta entidad envío una nota de colaboración penal internacional al Ministerio Público Venezolano para ubicar y detener a las personas involucradas.
Respecto al convenio policial, señaló que está vigente y su contraparte en Chile es la PDI; tema que no se relaciona con el caso Ojeda.
Agregó que ya se ha empadronado a 182 mil migrantes en situación irregular. Confirmó que miles de venezolanos ingresaban sin antecedentes ni identidad. Explicó que dichos resultados ya están en una base de datos biométricos, antecedentes que pueden corroborarse con el gobierno venezolano. Por ello, propuso invitar a la policía civil para que informe sobre los resultados de ciertas investigaciones en sesión secreta.
Asimismo, enfatizó que las expulsiones de venezolanos se realizan todos los días en vuelos comerciales. Además, Venezuela autorizó un vuelo charter a principios de mayo y se envió una solicitud para una segunda autorización.
Relaciones diplomáticas
Por otra parte, Monsalve respondió a quienes solicitaron o exigen romper relaciones diplomáticas con Venezuela. A su juicio, “las consecuencias son que ciudadanos venezolanos que están en la cárcel en Chile, que han cometido delitos graves como un secuestro, un homicidio o una violación, cuando terminen su condena no los podríamos sacar del país”.
Agregó que “tendríamos que dejarlos libres en territorio nacional. Yo pregunto qué chileno quiere que eso ocurra. Los que no queremos que ocurra eso, no somos ingenuos. Utilizamos las herramientas diplomáticas para proteger los intereses de Chile”, puntualizó Monsalve.
Sobre el punto, pidió que “en materia de relaciones internacionales no le hagamos el juego al fiscal venezolano”.
El diputado Jaime Araya (IND) dijo que lo expuesto es una estrategia razonable, pero criticó “la velocidad con que se actúa”, por ejemplo, en materia de expulsiones.
Alejandra Placencia (PC), por su parte, consideró que hay que hacer todos los esfuerzos para concretar las expulsiones y mantener las relaciones institucionales entre ambos países. “Es un deber de Chile que nuestros objetivos puedan llevarse a cabo (…) Los esfuerzos del gobierno son dificultosos, pero son necesarios”, remarcó.
Proyecto que agrava penas
En otro ámbito, el grupo parlamentario despachó a Sala el proyecto que agrava las sanciones ante crímenes contra la vida de las personas (Boletín 15701).
El proyecto instaura la pena de “presidio perpetuo efectivo”, que será la sanción más gravosa para el delito de homicidio en el Código Penal. De tal manera, exigirá el cumplimiento de 50 años de cárcel efectivos, antes de poder acceder al beneficio de la libertad condicional.
