La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara recibió al director del Servicio de Migraciones, Luis Thayer. El objetivo era explicar el estado de cumplimiento de las 28 mil órdenes de expulsiones dictadas en los últimos años.
Frente a aquello, señaló que esta cifra proviene de las bases de datos del servicio desde 2014 a la fecha. Aquí se descontaron las expulsiones materializadas; las revocadas por tribunales o por el proceso de regularización de 2018; y las de quienes han salido voluntariamente.
Explicó que la cifra está en permanente crecimiento, ya que todos los días se decretan expulsiones. Además, en lo que va de gobierno, desde 2022 a la fecha, se han dictado 4.499 expulsiones. En todo caso, advirtió que cuando la actual administración asumió, existían 24 mil decretos pendientes.
Precisó que esta brecha entre las expulsiones dictadas y las concretadas siempre va a existir. “Es más rápido dictar una expulsión que materializarla”, observó. Para ejemplificar señaló que, en el período 2014-2017, hubo cerca de 3 mil decretos. Sin embargo, se logró materializar sólo un tercio.
En los años posteriores el escenario fue similar. En 2018 se dictaron 2.566 expulsiones y se materializaron 302. En 2019 hubo 5.151 decretos y se concretó 577; y, en 2020, de 3.122 expulsiones, se llevaron a cabo 202. Actualmente, en lo que va de este año, el director comentó que el Gobierno ha logrado realizar 438 expulsiones.
Medidas ante migraciones
Ante consultas parlamentarias, explicó que el Ejecutivo está tomando medidas para aumentar la eficiencia en los procesos de dictación, notificación y materialización de expulsiones. Y, para esto, confidenció que debe existir una normativa que obligue a las personas con decretos de expulsión a presentarse ante la autoridad administrativa.
Actualmente, esta medida no existe, por lo que no hay ninguna sanción para quienes no lo realicen. Esta modificación permitiría aumentar la capacidad de detección de las personas. Por otro lado, señaló que es necesario incrementar las capacidades de las policías.
Relató que, de acuerdo a datos aportados por la Policía de Investigaciones (PDI), en el área de Migraciones y Policía Internacional cuentan con 34 personas para las labores de fiscalización. “Hay un déficit desde nuestro punto de vista”, reflexionó.
También relevó la necesidad de aumentar el presupuesto, ya que el actual permite realizar aproximadamente 2.000 expulsiones. Asimismo, remarcó que la materialización de las expulsiones no es un proceso sencillo. Por ejemplo, las realizadas en vuelos comerciales son más rápidas, pero con poca capacidad. Esto, porque en un viaje sólo pueden subir dos personas expulsadas, las que deben ir con la custodia de dos policías.
Por otro lado, los vuelos chárteres o de la Fuerza Aérea tienen mayor capacidad, pero son más lentos para operativizar. La razón es por los permisos que se deben gestionar y la disponibilidad de gran cantidad de personal policial a cargo.
Igualmente, apuntó como necesario ampliar las causales para decretar las expulsiones. Así, por ejemplo, no se puede expulsar a personas condenadas por ley de drogas, incluso si cumplen la pena en libertad. “La realidad migratoria cambió radicalmente en los últimos años y no las capacidades del Estado para enfrentarla”, concluyó.
