La Comisión de Medio Ambiente aprobó en general el proyecto que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental (boletín 16553), a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
La propuesta tiene por objeto fortalecer al organismo mediante la entrega de un marco institucional que permita hacerse cargo de las falencias y aspectos a perfeccionar, identificados en estos diez años de vigencia, en el cual se contemplen mecanismos para mejorar el cumplimiento ambiental.
Previo a la votación de la idea de legislar del proyecto, los miembros de la instancia manifestaron sus aprensiones respecto de la iniciativa. Por un lado, plantearon la necesidad de analizar profundamente la propuesta legal. La idea es resolver todas las inquietudes planteadas.
Desde otro sector, valoraron la idea del proyecto e indicaron que avanza en fortalecer la institucionalidad.
En ese contexto, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, entregó su disposición para lograr un buen proyecto de ley. Aseguró que se necesita una superintendencia acorde a los nuevos tiempos.
Tras la votación, la instancia legislativa abrió un plazo para presentar indicaciones. Ello, previo a lo que será el debate y posterior votación particular del proyecto.
Fiscalización ambiental
En la misma jornada, el grupo parlamentario escuchó las exposiciones de diversos organismos. Desde la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público, aseguraron que la iniciativa avanza en la línea de obtener antecedentes oportunamente.
En ese sentido, hicieron presente que es una oportunidad para dar un paso más respecto a otros ámbitos de sanción administrativa.
Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) indicaron que es positiva la introducción de las vías alternativas de cumplimiento ambiental y el procedimiento sancionatorio simplificado como nuevas figuras. Sin embargo, estimaron que existen aspectos que deben ser revisados.
Alertaron que el proyecto no se hace cargo de la ausencia de incentivos para el uso de las autodenuncias. “La propuesta de planes de reparación obligatorios desnaturaliza el esquema regulatorio de la responsabilidad por daño ambiental”, resaltaron.
En relación a la fiscalización y sanción de la norma de emisión de ruido, sostuvieron que es complejo su traspaso a las municipalidades.
Chile Sustentable, Cero ruido y Sonami
La Fundación Chile Sustentable, a través de sus representantes, resaltó que es una buena medida establecer vías alternativas de cumplimiento que eviten desarrollar todo el procedimiento sancionatorio para el caso de infracciones leves sin consecuencias ambientales.
Por otro lado, manifestaron la necesidad de revisar diversos conceptos señalados en la propuesta de ley. Uno de ellos es la definición del tipo de infracciones que pueden ser consideradas para el establecimiento de vías alternativas de cumplimiento.
También resaltaron que se otorgan competencias de fiscalización sobre emisión de ruidos a las municipalidades, distinguiéndose entre casos de emisión generadas por titulares de proyectos con y sin RCA.
Sobre este tema se refirieron, asimismo, la Consultora “Cero Ruido”. Explicaron los inconvenientes de realizar un traspaso al juzgado de policía local. En este ámbito, plantearon que hay riesgos de infraestructura y límite inespecífico bajo criterio RCA, entre otros.
Luego, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) advirtió que las propuestas del proyecto resultan incoherentes con el diagnóstico compartido.
Estimaron que se ha perdido la oportunidad de elaborar una propuesta que promueva el cumplimiento ambiental, resuelva los problemas de recursos que enfrenta la SMA y mejore la eficacia de su fiscalización, flexibilizando el procedimiento sancionatorio que ésta instruye.
Indicaron que, además, la iniciativa supone un retroceso en diversas garantías vinculadas al debido proceso. Por otra parte, indicaron que las propuestas dejan al administrado en un importante desequilibrio frente al ejercicio de las facultades de la administración.
