La Comisión de Gobierno Interior recibió al subsecretario Manuel Monsalve. Junto a Cristina Vilches, Jefa Nacional de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), entregaron antecedentes sobre la fuga de ciudadanos iraníes del país.
De acuerdo a lo que señaló el subsecretario del Interior, estas personas salieron de Irán por vía aérea hacia Rusia. Luego, viajaron a Venezuela y Panamá, desde donde tomaron un vuelo a Chile. Tras esto, pretendían viajar a Reino Unido, pero en el aeropuerto se evidenció que sus pasaportes eran robados.
Por esta razón, estuvieron en prisión preventiva y posteriormente con arresto domiciliario nocturno durante el desarrollo de la investigación en su contra. Sin embargo, a fines de 2023, las autoridades chilenas se dieron cuenta de que no se encontraban en el país. Su salida habría sido por pasos no habilitados y actualmente se encontrarían en Colombia.
Desde la PDI agregaron que existe un proceso en curso en el Ministerio Público por la venta de los pasaportes robados.
Cuestionamientos al subsecretario
Tras la exposición, el presidente de la instancia, diputado Rubén Oyarzo (Ind), consultó si es posible asegurar que en Chile no existen actividades de organizaciones terroristas. Sobre todo, después que la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, afirmara que el grupo terrorista Hezbolá tenía presencia en el país. Sin embargo, luego debió dar explicaciones y pedir disculpas al gobierno chileno, que desmintió esta información.
Frente a esto, el subsecretario respondió que, si Chile tuviera antecedentes de que en Argentina existe una organización terrorista operando y siendo un riesgo para el vecino país, “no haríamos una conferencia de prensa para decirlo”. En vez de eso, tomarían contacto con las autoridades y la entregarían como información de inteligencia. A su juicio, la situación vivida “está fuera de lo habitual cuando el interés principal es resguardar la seguridad del país”.
Luego, enfatizó que no existe información de una amenaza operativa de organizaciones que puedan llevar adelante una acción terrorista como advirtió la ministra trasandina. Además, agregó que, frente a estas amenazas, las instituciones evalúan y toman acciones que permitan un monitoreo para evitar correr riesgos de esa naturaleza. Finalmente, señaló que el resto de la información cae en el marco de la inteligencia, por lo que se debe dar en otro contexto.
Críticas parlamentarias
Frente a estas declaraciones, el diputado Juan Fuenzalida (UDI) declaró sentirse “ofendido como parlamentario”. Esto, porque sería “un secreto a voces que en Tarapacá están operando grupos terroristas”. Así también, el diputado Oyarzo agregó que es un “secreto a voces” que existe “lavado de activos en la zona franca”. Ambos parlamentarios solicitaron más antecedentes sobre la materia.
Ante estas inquietudes, el subsecretario Monsalve señaló que entregaría los antecedentes que se manejan. Pero agregó que existe una diferencia entre lo que “es información de inteligencia y lo que tiene que ver con la investigación criminal”. Frente a esto, indicó que cualquiera que tenga antecedentes de actividad terrorista o de organizaciones criminales debe hacer la denuncia en el Ministerio Público. Esta entidad tiene la obligación de investigar con el respaldo de las policías y agregó que esta “es la forma de proteger al país”.
“Me voy a resistir a crear la sensación de que Chile no sabe lo que pasa en su territorio en materia de este tipo de organizaciones”, cuestionó el subsecretario. A su vez, señaló entender la preocupación en materia de seguridad. “Por eso es importante no generar la sensación de que algunos están preocupados y otro no”, agregó. Junto a esto, resaltó que en Chile existe desde 2022 una Política Nacional Contra el Crimen Organizado, con presupuesto desde 2023. A lo cual sumó los avances que se han logrado desde el Congreso Nacional.
Expulsión de migrantes
En la sesión, otros parlamentarios consultaron sobre materias vinculadas al crimen organizado. Y también sobre los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la comisión que investiga el Crimen Organizado, sobre el paradero de personas con ordenes de expulsión.
Frente a esto, el subsecretario recordó que fue invitado a la sesión para tratar el tema de los ciudadanos iraníes. Por lo tanto, solicitó mantener un nivel de coordinación y orden entre las instituciones.
La situación generó molestia en algunos parlamentarios, que pidieron volver a invitar a la autoridad para poder tratar los temas de forma más amplia. Así también, invitar al director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, para que explique la situación en la que se encuentran miles de personas con ordenes de expulsión del país.
