Tres nuevas leyes se despacharon desde la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados en esta semana de mayo. Además, se apoyó una solicitud presidencial; se envió otro texto al Senado; mientras que otra propuesta pasó a una nueva revisión a la comisión técnica respectiva.
La sesión del lunes 13 se concentró mayoritariamente a la discusión y votación del proyecto conocido como “Ley corta de isapres” (boletín 15896).
La iniciativa se revisó de acuerdo al informe de comisión mixta que resolvió las diferencias con el Senado. Este se respaldó por 122 votos a favor, 14 en contra y 10 abstenciones. Tras ello, se despachó al Ejecutivo a fase de promulgación.
Entre sus lineamientos, la propuesta definió que las instituciones deberán presentar a la Superintendencia de Salud un plan de pago y ajustes. En todo caso, el plazo máximo de pago por cobros en excesos será de 13 años. Además, se definen plazos prioritarios para adultos mayores en dos tramos.
Junto a lo anterior, se establece que la Superintendencia de Salud determinará el modo de hacer efectiva la adecuación del precio final de todos los contratos de salud previsional a los que las isapres aplicaron una tabla de factores elaboradas por ellas mismas y distinta a la Tabla Única de Factores establecida por la autoridad.
Finalmente, entre otros variados temas, se crea la nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) del Fonasa. Podrán optar a ella las y los afiliados de los grupos B, C y D, bajo ciertas condiciones. Esta modalidad permitirá obtener acceso y protección financiera para las prestaciones de salud aranceladas en una red de prestadores determinada. Para esto se obligan al pago de una prima complementaria. Aplica para prestaciones ambulatorias y hospitalarias. También contiene un seguro catastrófico.
Otra de las leyes aprobadas esta semana refiere a un proyecto que agiliza la declaración y entrada en vigencia de los decretos de zona de escasez hídrica (boletín 16653). Su finalidad es hacer frente a los efectos del cambio climático y los prolongados periodos de sequía.
Martes 14 y miércoles 15
El martes 14, la Corporación aprobó una nueva prórroga de 90 días del sistema de infraestructura crítica en la macrozona norte. Esta medida permite a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública realizar acciones de resguardo de las zonas fronterizas.
La idea es contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas en las zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta.
Adicionalmente, se aprobó en general una iniciativa (boletín 16017) que modifica la Ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para regular la remisión y recepción de informes y antecedentes relativos al cumplimiento de tratados internacionales. Igualmente, respecto de resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos.
Por ser objeto de indicaciones, volvió a la Comisión de DDHH para un segundo informe.
En la tarde, en tanto, se realizó una sesión especial temática. Su finalidad fue analizar y discutir la grave crisis del transporte público en las regiones de Chile y en las comunas de la región Metropolitana que no están integradas al sistema Red. Junto a ello, revisar las acciones y caminos de solución para abordarla.
Finalmente, el miércoles 15 de mayo se aprobaron dos iniciativas más. Una de ellas es la tercera de las leyes aprobadas por la Cámara esta semana. Se trata del proyecto (boletín 16704) por el cual se crea el nuevo Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios.
El objetivo de este Fondo será solventar todo tipo de gastos para enfrentar los efectos y necesidades causadas por los incendios en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, de la región de Valparaíso.
El segundo texto, que se despachó al Senado, enmienda la Ley orgánica constitucional de Municipalidades y otros cuerpos legales. Su objetivo es fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito (boletines 15940 y 15984).
Dentro de sus objetivos, se encuentra disminuir las brechas de desigualdad comunal en el acceso a la seguridad. Asimismo, aumenta la participación ciudadana en la elaboración y validación de planes comunales de seguridad pública.
Por último, en esta sesión se aprobó la creación de una nueva comisión investigadora.
