La Comisión Especial Investigadora sobre traspasos de fondos públicos a entidades privadas por parte de ciertos Ministerios recibió la exposición del ex subsecretario de Desarrollo Regional y actual jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi; así como del director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos.
La instancia está abocada a fiscalizar los actos de Gobierno, especialmente de los ministerios de Hacienda, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; de Desarrollo Social y de las secretarías regionales ministeriales, en el marco de la entrega de fondos públicos a entidades privadas como ONG, fundaciones y corporaciones.
En esa línea, Miguel Crispi fue invitado en el marco de su labor en la Subdere y, especialmente, en lo referido a los traspasos de recursos destinados a la fundación Procultura.
Al respecto, Crispi señaló que en este, como en otros casos, se trató de recursos aprobados por el Gobierno Regional, el cual puede decidir su ejecución por medio de una entidad subejecutora.
Explicó, en tal sentido, que la Subdere no elige ni financia un programa, sino sólo se remite a determinar que la entidad cumple con los requisitos. En el caso de la cuestionada fundación, y según los datos entregados al momento de la firma para autorizar la labor de Procultura todo estaba en lo correcto. Informó, asimismo, que rechazó fondos complementarios.
Miguel Crispi enfatizó que ante la aprobación o no de fondos, las y los funcionarios de la Subdere obraron en estricto apego a lo que establecía el programa.
Falta de experiencia
El presidente de la instancia investigadora, diputado Rubén Darío Oyarzo (IND), postuló que llama la atención que se apruebe la labor de ciertas fundaciones pese a no tener experiencia y arrastrar inconvenientes anteriores.
Crispi respondió que en las jornadas extensas de firmas lo que se hace es valorar las validaciones previas, determinadas en la guía operativa, que ya viene con una serie de aprobaciones anteriores.
Finalmente, consultado nuevamente por el caso Democracia Viva, ratificó sus dichos expuestos ante la primera comisión investigadora, en cuanto a la fecha en la que se informó del caso, así como el momento en el que se enteró de los hechos el Presidente de la República.
Investigación de la Fiscalía
En segundo término, las y los parlamentarios de la comisión investigadora recibieron los antecedentes del estado actual de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público. Al respecto, el director de la Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, dio cuenta del origen del “Caso convenios” y de la etapa en que se encuentra la indagatoria (ver presentación).
En específico, explicó que el ente persecutor analiza los traspasos realizados por el Ministerio de Vivienda a diversas fundaciones, los cuales bordean los 12 mil millones de pesos. A eso se suma la revisión de los fondos entregados por los Gobiernos Regionales, los que alcanzan en total a 77 mil millones de pesos.
Campos recalcó que dichos traspasos no necesariamente son constitutivos de delitos. Precisó, al respecto, que estas cifras corresponden al total de transferencias que se realizaron en el periodo objeto de la investigación.
El fiscal también sostuvo que en esta investigación se analizan una serie de posibles delitos, entre ellos, fraude al fisco o administración desleal, entre otros.
Puntualizó que en cada una de las regiones del país hay casos que son analizados. Y, añadió, las regiones con mayores montos investigados son Los Lagos, con 15 mil millones a 11 fundaciones, y La Araucanía, con 44 mil millones a 13 organizaciones.
Campos destacó que, a priori, existen patrones comunes en estas organizaciones. “Son fundaciones de creación novata, con poca experiencia y giro comercial sin relación con lo convenido”.
