Con los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Trabajo, Jeannette Jara, la Comisión de Hacienda comenzó a tramitar el proyecto de reforma previsional (boletín 15480). La norma llega a esta instancia tras un largo trámite en la Comisión de Trabajo.
En la sesión, la ministra Jara expuso los contenidos de la propuesta junto a los puntos de acuerdo alcanzados en el trámite previo. Por su parte, el ministro Marcel explicó las modificaciones a la PGU y los efectos sobre el presupuesto fiscal, entre otras materias.
El proyecto establece que la PGU aumentaría, gradualmente, a $250.000 en 6 años, condicionado a la verificación de un nivel mínimo de recaudación fiscal. Ésta derivará, principalmente, de ingresos tributarios estructurales no mineros. Además, se incorpora un mecanismo para que, cada 4 años, se revise su monto en régimen más allá de la variación del IPC.
Dentro de las proyecciones, el ministro señaló que el mayor gasto por incremento del monto y cobertura de la PGU será gradual, desde el 0,1% del PIB, en 2025, al 0,6%, a 2035.
Presupuesto de la reforma previsional
De acuerdo a lo presentado en la comisión, la creación del Administrador Previsional es donde se presenta el mayor costo para el fisco. Considerando el diseño organizacional más un margen de operación, junto a la creación de 60 sucursales de atención de público y canales remotos, la licitación de este proyecto tendría un costo anual para el fisco de $148 mil 478 millones.
Por su parte, el Inversor de Pensiones del Estado S.A. (IPE), que gestionará las inversiones de los recursos de los Fondos Generacionales, recibiría un aporte de capital inicial de 50.000 UF.
En resumen, la nueva institucionalidad de la reforma, que también incluye aumento de recursos para entidades como la Superintendencia de Pensiones y la Subsecretaría de Previsión Social, entre otras, significaría un mayor gasto fiscal de $30 mil 385 millones en el primer año. Dicho monto aumentará a $112 mil 439 millones, al segundo año; y llegará a un máximo de $189 mil 572 millones en el tercero.
Por otro lado, el costo total de la reforma de pensiones, en 2025, se estima en $421 mil 776 millones. La cifra subirá a $1,2 billones en 2026 e implicará un 0,4% del PIB.
Debate parlamentario
En la sesión, las y los diputados realizaron diversas consultas a los ministros de Estado. Las posiciones que se expresaron son similares a las manifestadas durante la tramitación en la Comisión de Trabajo.
Frente al cuestionamiento del costo de la reforma, la ministra Jara llamó la atención de cuánto le cuesta a las y los afiliados el sistema actual. La secretaría de Estado señaló que es de “más de un billón de pesos”. Por lo tanto, a su juicio, el foco debería estar en cómo se mejoran las pensiones y no una defensa a la institucionalidad vigente.
Con respecto a las consultas de la división del 3% que irá a capitalización individual con un 30% a seguridad intrageneracional, la ministra explicó qué es lo que significa en los hechos. Detalló que, considerando un salario promedio de 1 millón 500 mil pesos, $2.178 irían a solidaridad. “Son $2.178 los que tienen trabada la reforma a las pensiones en este país”, interpeló.
Junto a lo anterior, agregó que estos recursos irían a las pensiones de las mujeres “que tienen una pensión equivalente a un 11% de su sueldo”.
Por su parte, el ministro Marcel llamó a no rechazar la idea de legislar del proyecto. Esto, porque los mismos parlamentarios han reconocido que hay elementos de la norma con los que sí están de acuerdo. Un ejemplo de ello es la forma de cobro de la comisión, los fondos generacionales, la promoción de la competencia y el régimen de inversiones, entre otros.
Servicio de Auditoría Interna del Gobierno
Previo a la exposición de la reforma previsional, la comisión despachó a la Sala el proyecto que crea el Servicio de Auditoría Interna del Gobierno (SAIG). La norma (boletín 16316), presentada por el Ejecutivo en septiembre de 2023, busca asegurar que la Presidencia de la República disponga de información sobre cómo se llevan a cabo las políticas y lineamientos gubernamentales. Esto, junto al nivel de cumplimiento de los objetivos de eficiencia y eficacia propios de la gestión.
En la instancia se presentaron y votaron las indicaciones comprometidas por la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos. Esto aconteció tras las observaciones planteadas por la Contralora (S) General de la República, Dorothy Pérez, en una sesión anterior.
Las modificaciones apuntaron, fundamentalmente, a garantizar que la supervisión técnica del SAIG estará a cargo de la Contraloría. Desde esta perspectiva, la nueva institución podrá dirigir y coordinar la administración del Estado, pero siempre bajo la tuición técnica del órgano contralor.
