Solicitar al Presidente de la República que impulse una agenda social con responsabilidad fiscal. Esa es una de las finalidades de la resolución 807 aprobada por la Sala de la Cámara.
En el texto se da cuenta que los precios de los productos han estado al alza en los últimos años. Esta situación, según se expone, ha incidido en generar una disminución en el poder de compra de las y los chilenos. Con ello, se reduce el nivel de vida y produce incertidumbre en la población.
Por tal razón, se estima necesario tomar medidas para controlar la inflación, junto con avanzar en acciones que promuevan la producción y la oferta de bienes y servicios para reducir la escasez y la demanda excesiva. Ello, se evalúa en el documento, ayudaría a la disminución de precios.
Igualmente, se plantea que el Gobierno puede ofrecer incentivos para que las empresas inviertan en tecnología y maquinaria. Así, aumentarían su productividad y ofrecerían más bienes y servicios.
Por otro lado, se llama a promover la competencia y fomentar la entrada de nuevas empresas. Asimismo, se pide simplificar las regulaciones y reducir la carga administrativa para las empresas.
Junto con lo anterior, se requiere al Gobierno llevar adelante una agenda social que propenda a ayudar a los chilenos. En ese sentido, se considera fundamental priorizar aquellos programas sociales eficientes. También buscar alianzas con el sector privado, organizaciones sin fines de lucro y otros actores de la sociedad civil. La idea es complementar los esfuerzos del Gobierno en el desarrollo de políticas sociales.
La resolución es una propuesta, desde la bancada republicana, de Agustín Romero, Cristián Araya, Chiara Barchiesi, Juan Irarrázaval, Harry Jürgensen, José Carlos Meza, Mauricio Ojeda, Luis Sánchez, Stephan Schubert y Cristóbal Urruticoechea.
