La Cámara de Diputadas y Diputados respaldó, por 128 votos afirmativos y uno en contra, la resolución 741. En ella se pide una actualización de la Ley 20.590. Dicho marco legal establece un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales, en la comuna de Arica.
La resolución de los diputados liberales, Luis Malla y Vlado Mirosevic, requiere al Presidente de la República que el proyecto respectivo elimine el plazo establecido en la ley. La idea es que las personas nacidas con posterioridad al 30 de mayo de 2012, diagnosticadas con presencia de polimetales en su sangre, hijos o hijas de personas ya acreditadas por el citado programa, también ingresen al beneficio y accedan a sus prestaciones.
Además, se solicita, expresamente, la acción de detección por parte de los centros de salud privada, estableciendo los requisitos que el Minsal estime pertinentes.
Finalmente, se pide que el control y tratamiento de las enfermedades producidas por la contaminación de polimetales la realice un médico especializado en toxicología. Asimismo, que dicho profesional derive al paciente a otra especialidad, dependiendo de la enfermedad.
Polimetales en Arica
Se estima que 21 mil personas fueron afectadas en su salud por la presencia de altas concentraciones de polimetales en los suelos de un sector de Arica. Particularmente, se habla de las poblaciones Los Industriales y Cerro El Chuño.
Tal situación se detectó a fines de la década de los 90. Sin embargo, la afectación se produjo entre 1984 y 1985, con la internación de 20 mil toneladas de desechos tóxicos por parte de las empresas Promel y Bolliden Metal de Suecia, en terrenos cercanos.
Buscando atender el problema se dictó, en 2012, la Ley 20.590. A través de su programa se incluyó la realización de estudios ambientales y beneficios sanitarios, educacionales y habitacionales para las personas afectadas con presencia de polimetales en su sangre. Empero, la acreditación solo está vigente para las personas nacidas antes del 29 de mayo de 2012.
Es así que se genera el problema que el sistema no considera a niños y niñas nacidos posteriormente. Esto, pese a registrar exámenes que exhiben la presencia de arsénico y plomo.
