La Comisión Investigadora sobre Reposición del Estadio Municipal de San Antonio (CEI 27), respaldó el informe elaborado por el grupo parlamentario.
La instancia legislativa estuvo encargada de fiscalizar los actos del Gobierno, particularmente del Ministerio de Obras Públicas y del Instituto Nacional de Deportes, entre el 11 de marzo de 2018 y el 11 de marzo de 2022.
Los cuestionamientos están relacionados con la ejecución, modificación, cumplimiento de contratos y normas de seguridad para recintos públicos deportivos, en la reposición del Estadio Municipal de San Antonio.
Conclusiones y propuestas
La presidenta de la instancia, Camila Rojas (Comunes) explicó que establecieron las responsabilidades políticas y administrativas en tres etapas: diseño, ejecución y recepción y mantención del recinto.
“Las responsabilidades principales están en dos administraciones municipales: El ex alcalde Omar Vera y la actual alcaldesa Constanza Lizana. Asimismo, en la Dirección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas a nivel regional y en el Instituto Nacional del Deporte (IND)”, precisó.
En cuanto a las sugerencias, se refirió al rol técnico del IND que debe ser perfeccionado. Sostuvo que existió una ausencia en la materia que a futuro no debe seguir repitiéndose. Al respecto precisó que se debe exigir una responsabilidad mayor de parte de este organismo, en el ejercicio de dicha función.
En tanto el diputado Luis Sánchez (PREP) sostuvo que se debe analizar en profundidad los problemas que tiene el ministerio de Obras Públicas en proyectos complejos.
Llamó a revisar las situaciones que se producen, por ejemplo, “con diseños de obras que llegan de organismos terceros, que no se desarrollan internamente en el ministerio y el mayor control que tiene que existir de parte de la cartera para que un proyecto se ejecute bien”.
Sostuvo que uno de los principales problemas obserdos, es que las responsabilidades de la gestión del proyecto estaban demasiado dispersas en un consultor contratado por la municipalidad, en el inspector fiscal de la dirección regional de arquitectura y en la empresa constructora. Precisó que cuando las responsabilidades están muy repartidas, finalmente nadie se hace cargo.
Agregó que el MOP tiene el desafío de analizar más en profundidad como se corrigen estos problemas de gestión. La idea es que este tipo de situaciones no se vuelvan a producir.
