En esta semana de noviembre, la Sala de la Cámara abordó tres proyectos de ley, dos acuerdos internacionales y una solicitud presidencial.
La jornada del lunes 6, la Corporación respaldó un nuevo requerimiento del Presidente de la República para extender, por otros 15 días, el estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur. La medida rige para la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, en la región del Biobío.
En la sesión del martes 7, se apoyó un proyecto (boletín 16364) que entrega una nueva facultad al Ministerio de Obras Públicas (MOP). Ella le permitirá participar en el estudio y construcción de infraestructura hídrica, como son las plantas desalinizadoras. Además, se le autoriza a destinar el agua obtenida para consumo humano en forma prioritaria y multipropósito. Pasó a segundo trámite.
Asimismo, se aprobó un acuerdo internacional (ver en nota del MOP). El texto (boletín 14775) refiere a acuerdos sobre la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales. Se firmó en Medellín, Colombia, el 24 y 25 de julio de 2010. Pasó al Senado.
Paralelamente, se analizaron los cambios que propuso el Senado a la iniciativa (boletín 6639) sobre seguridad privada. Al momento de las votaciones, cuatro aspectos no contaron con el respaldo necesario. En tal plano, dichos puntos deberán pasar a una comisión mixta que encuentre una redacción que satisfaga a ambas ramas del Congreso.
Miércoles 8
En esta semana de noviembre, más específicamente, el miércoles 8, se aprobó otro acuerdo internacional. Tiene como objetivo facilitar la inversión y el comercio entre Chile y Estados Unidos. En particular, el convenio (boletín 16389) firmado por ambos Estados establece normas para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a la renta y el patrimonio y su protocolo.
Por último, en dicho día, la Sala dio luz verde a las observaciones realizadas por el Presidente de la República al proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles (boletín 14015). Dado que ya contaba con la aprobación del Senado, el texto pasó a consideración del Ejecutivo para ser promulgado como ley la República.
