La Comisión de Desarrollo Social comenzó el análisis de tres mociones que modifican la Ley 18.056 que establece normas generales sobre el otorgamiento de pensiones de gracia por parte del Presidente de la República.
La primera busca limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en su concesión (boletín 16.304). Las siguientes, proponen limitar el otorgamiento del beneficio a peticionarios con antecedentes penales (boletines 16305 y 16310).
Los tres proyectos surgieron debido a los cuestionamientos respecto a las pensiones de gracia entregadas luego del estallido social, que alcanzan a 418 beneficiarios/as y que estaban dirigidas a víctimas de violaciones a los DD.HH.. Sin embargo, el 10% de ellas, se otorgaron a personas con condenas penales bajo los mandatos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.
Fundamentos de la pensión de gracia
En la oportunidad, expuso el autor de una de las mociones, diputado Mauricio Ojeda (IND), quien detalló los antecedentes históricos del beneficio estatal que surgió en 1836.
Dijo que las pensiones de gracia se otorgaban, en principio, a soldados que luchaban en batallas o que participaban en hechos heroicos. También por servir al país o en caso de sufrir accidentes de gravedad. Agregó que en 1970 en el gobierno de Eduardo Frei Montalva se modificó la norma para su otorgamiento correspondiendo únicamente al Presidente su concesión o aumento de la pensión.
Explicó que a la luz del trabajo de la comisión investigadora sobre las pensiones de gracia, otorgadas en marco del estallido social, se detectó una situación injusta. Expresó que “la pensión por mérito o gracia la recibirán algunos delincuentes por toda la vida, lo que genera molestia en la ciudadanía”.
Ojeda agregó que se trata de una modificación legal que acota el poder total del Presidente, ya que actualmente, independiente que se cumpla o no los requisitos, igual puede entregar la pensión de gracia. Finalmente, consideró que dichas pensiones deberían considerar también a víctimas de DD.HH. de la Araucanía.
Debate parlamentario
En el grupo parlamentario hubo diversas posturas. Juan Carlos Beltrán (RN) expresó que es injusto lo sucedido con las pensiones de gracia otorgadas a personas que no cumplían los requisitos por tener antecedentes judiciales. Compartió el criterio del diputado Ojeda de plantear el beneficio a personas de la Araucanía que han perdido sus casas, bienes y han visto afectada su salud en diversos atentados.
Viviana Delgado (PEV) manifestó que considera que el tema debiera analizarse en otras comisiones como Constitución o Gobierno Interior. Ello, con el fin de no politizar el trabajo de Desarrollo Social y destinar el trabajo de la instancia a otros proyectos como el de cuidadores o personas abandonadas.
Francisco Undurraga (EVOP) valoró el debate y consideró que las pensiones de gracia si se relacionan al Desarrollo Social. Lo anterior porque el estallido significó la afectación de comerciantes dañados en todo el país y víctimas de violaciones a los DD.HH. por agentes del Estado. Al respecto, manifestó que se debe proteger la institución que significa la pensión de gracia y que se otorgue con transparencia.
Clara Sagardia (IND) planteó que la facultad del Presidente es netamente política. Agregó que sin contradecir su objetivo político y social, el reglamento debería ser más estricto y tener mayor revisión.
La instancia resolvió proponer a la Sala de la Cámara, refundir las mociones por compartir la idea matriz. Asimismo, fijó hasta el próximo lunes la sugerencia de invitados para abordar el tema.
