Nuevamente, la Sala de la Cámara respaldó la solicitud del Ejecutivo para extender quince días la medida de excepción en la macrozona sur.
El estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) rige desde el 16 de mayo de 2022 en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, de la región del Biobío. Se ha renovado ininterrumpidamente desde la citada fecha con la autorización del Congreso Nacional y la presente prórroga se aplicará una vez vencido el último decreto que expirará este 8 de septiembre.
Según indica el informe del Gobierno, la medida de excepción permite una mejor coordinación entre diferentes instituciones. Además, promueve un fortalecimiento de la presencia del Estado en el territorio, contribuyendo a bajar la cantidad de actos de violencia en la zona.
El texto enfatiza que Carabineros ha priorizado el trabajo preventivo en puntos críticos. El objetivo ha sido mejorar la efectividad en la disuasión de hechos violentos. Asimismo, aumentó la presencia constante en estos lugares, con patrullajes dinámicos, puntos de control y controles aéreos.
Se especificó que, desde el inicio del EECE hasta el 27 de agosto, Carabineros reporta 318.471 controles. El 67% de ellos son vehiculares y el 33% de identidad. Simultáneamente, se ha concretado la detención de 594 personas en el contexto de servicios por el Estado de Excepción, principalmente por robo de madera.
Actos de violencia
El documento informa que, hasta el 27 de agosto, se observa una disminución del 11% de los eventos de violencia rural en la macrozona sur, con respecto al 2022. Y, en comparación con 2021, el descenso es de un 39%.
La variación 2022-2023 es incidida por la disminución de un 40% en el Biobío y contrarrestada por el aumento de un 14% en La Araucanía.
Arauco fue la provincia que más incidió en la disminución de los casos a nivel de provincias con la medida de excepción (- 37% de los casos). En el otro extremo está Malleco, donde los eventos aumentaron un 13%, principalmente focalizados en la comuna de Ercilla.
Se sostiene que la dinámica fue distinta entre 2021 y 2022. Esto dado que los casos disminuyeron un 44% en La Araucanía y un 14% en Biobío.
Por otra parte, se da cuenta que en el período 2022-2023, los ataques incendiarios en las provincias bajo el EECE disminuyeron un 21%: Lumaco y Arauco no registraron ataques incendiarios entre el 1 de enero y el 27 de agosto del 2023.
Finalmente, entre otros datos, se comunicó que se detuvo casi el cuádruple de personas por eventos de violencia rural (+265%) en comparación a 2022. Adicionalmente, los eventos con presencia de armas de fuego disminuyeron un 28%. En contraste, los cortes de ruta aumentaron en un 10% en las provincias con estado de excepción, concentrados en Cautín.
Discusión
Participaron en el debate Stephan Schubert (IND), Miguel Ángel Becker (RN), Johannes Kaiser (PREP), Andrés Jouannet (Amarillos), Henry Leal (UDI), Miguel Mellado (RN), Mauricio Ojeda (IND), Marcos Ilabaca (PS), Flor Weisse (UDI), Karen Medina (PDG), Enrique Lee (PRI), Juan Carlos Beltrán (RN), Daniel Lilayu (UDI), Jorge Rathgeb (RN), Joanna Pérez (DEM), Jaime Araya (IND), Gustavo Benavente (UDI) y Leonardo Soto (PS).
En las exposiciones hubo diversos llamados al Gobierno a actuar con más decisión para enfrentar a los grupos que operan en la macrozona. En particular, se pidió que las FFAA puedan reducir a dichos elementos antisociales y ponerlos a disposición de la ley.
De igual modo, se reclamó que los hechos de violencia continúan, lamentando en este contexto la quema de escuelas, postas médicas, casas y centros productivos. Igualmente, que no haya coto a ataques con armas de fuego a transportes escolares, buses con trabajadores y ambulancias.
En paralelo, se llamó al Ejecutivo a considerar recursos para la reconstrucción de escuelas y templos, así como para el apoyo al accionar de las FFAA y Carabineros.
Desde el oficialismo también hubo palabras de reconocimiento a la labor hecha, que ha permitido una reducción de los hechos. Aunque se coincidió en la necesidad de atacar con dureza al terrorismo y a las bandas criminales.
Gobierno
Por el Ejecutivo intervino la ministra de Defensa, Maya Fernández. Especificó que el decreto de EECE le entrega todas las facultades que establece la Constitución al jefe de la defensa nacional.
Acotó que, desde que se inició su implementación, se ha aumentado la dotación de las FFAA, en particular, en las bases adelantadas.
“Nos ha dado resultado la instalación de estas bases adelantadas, dado que la reacción es rápida y permite llegar en corto tiempo a la zona”, sentenció. Junto a ello, dijo que se están coordinando acciones para proteger los furgones escolares y las instalaciones de salud.
Por último, adelantó que las 18 camionetas blindadas que se recibieron se usarán en patrullajes mixto, lo que permitirá una acción más rápida de las bases adelantadas.
La solicitud se respaldó por 89 votos a favor, 27 en contra y 16 abstenciones y pasó a consideración del Senado.
Otros proyectos aprobados
Además del análisis y votación de la solicitud presidencial para extender la medida de excepción, la Sala se pronunció sobre un acuerdo internacional y una rehabilitación de ciudanía.
El primer punto refiere a un protocolo de enmienda al convenio entre Chile y Brasil para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta (boletín 15865).
Este acuerdo, que se suscribió en Santiago el 3 de marzo de 2022, se aprobó por la unanimidad de 131 votos. Para su análisis se tuvo a la vista los informes de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda que rindieron Ericka Ñanco (RD) y Alexis Sepúlveda (PR), respectivamente.
El segundo proyecto (boletín 16188), que rehabilita la nacionalidad chilena a María Alexandra Slaughter Jünemann, se aprobó por 93 votos a favor, 1 en contra y 37 abstenciones. Contó con informe de la Comisión de Gobierno Interior, presentado por Danisa Astudillo (PS).
Entre los fundamentos se explica que María Alexandra Slaughter Jünemann es chilena, nacida en Viña del Mar el 5 de junio de 1949, de padres chilenos. Sin embargo, por sus actividades como religiosa se trasladó a Alemania donde terminó por adquirir la nacionalidad de dicho país. Y, dadas las exigencias del país europeo, debió renunciar a su nacionalidad chilena en 2011.
En junio de 2023 retornó a Chile, donde se le informó que, por ser una renuncia voluntaria a la nacionalidad, la rehabilitación solo podía ser por la vía legal.
Ambas propuestas pasaron a segundo trámite, al Senado.
