Con la exposición del ministro de Vivienda, Carlos Montes, se inició una nueva jornada de trabajo de la instancia que analiza el traspaso de recursos a fundaciones.
El secretario de Estado condenó categóricamente los hechos ocurridos, que “socavan la confianza y la democracia”.
Montes comenzó su exposición señalando que se está frente a una situación muy grave, porque se trata de recursos destinados a los campamentos.
Precisó que los hechos demuestran la fragilidad del modelo de transferencias. Recalcó que el Gobierno y el Ministerio de Vivienda ha denunciado todo atisbo de aprovechamiento que pidiera existir.
En ese plano expresó a la Comisión Investigadora, la disponibilidad total de mantenerse en contacto con la instancia y entregar toda la información disponible, “para llegar a la verdad y apuntar al tema de fondo que es solucionar la problemática habitacional”.
Montes reconoció falencias como la falta de personal para fiscalizar adecuadamente. Explicó que, por ello, tanto Serviu como las seremías tienen un proceso muy lento para fiscalizar las rendiciones hechas por las fundaciones.
Informó que, sin se cometan necesariamente delitos; es habitual que distintos aspectos de los convenios se objeten, ya sea por no cumplir estándares comprometidos o por la contratación de más gente que la establecida inicialmente.
Sin perjuicio de ello dijo que existe la mayor valoración del trabajo que hacen las fundaciones. Precisó que el sector tiene un aporte muy importante que hacer; recalcando que son unas pocas instituciones las que han caído en irregularidades.
Rol de fundaciones y responsabilidad política
Tras la exposición, las y los parlamentarios plantearon una serie de consultas. Entre ellas, el criterio de selección para desarrollar determinados programas en los campamentos, la disponibilidad de recursos que manejan las seremías, el rol de los Gobiernos Regionales, los giros de las fundaciones y las medidas de control a futuro.
El ministro precisó que se trabaja en diferentes aristas para mejorar el sistema vigente. Lo anterior considerando que la realidad de los campamentos no es estática y va mutando en el tiempo.
En cuanto a la responsabilidad política, tanto suya como de la cartera, Montes precisó que esta tiene que ver con las orientaciones y medidas, respecto de lo cual se ha hecho un gran esfuerzo.
Precisó que no hubo señales de parte de administraciones anteriores, ni tampoco de los sistemas de auditoría. Reiteró que los hechos demuestran que el sistema tiene falencias importantes, respecto de las cuales se está trabajando.