El proceso de asignación de recursos y las mejoras correctivas frente a la detección de falencias en la asignación y uso de los recursos públicos, fueron el eje del trabajo realizado este jueves por la Comisión Investigadora Asentamientos Precarios MINVU (Fundaciones).
El grupo parlamentario recibió a la directora de presupuestos, Javiera Martínez, quien dio cuenta de los antecedentes normativos y reglamentación vigente.
Martínez recordó el gasto público va de la mano de la Ley de Presupuesto. Explicó que el marco normativo contempla normas de transparencia y publicación. Lo anterior respecto de la entrega de recursos para transferencias corrientes.
Respecto al objeto de la investigación, explicó que el programa de asentamientos precarios del Minvu está en el item de transferencia de capital.
Dijo que, si bien estas asignaciones van mayormente a entidades estatales como los municipios, por glosa desde el año 2015 se permite su destinación a instituciones privadas sin fines de lucro. Dicho aspecto se aprobó por unanimidad en la discusión del erario nacional, por parte del propio Congreso, a través de una indicación.
Lo anterior en todo caso, no es excluyente de este programa, ya que existen otras 163 asignaciones en el presupuesto que permiten lo mismo, con el objeto de facilitar el traspaso y uso de los recursos en programas sociales.
Explicó además que el 2019 la Dipres hizo una evaluación del referido programa de asentamientos precarios, cuyos resultados fueron calificados como insuficientes. Ello llevó a elaborar un listado de compromisos, obteniendo luego recomendación favorable el 2020 por parte del Ministerio de Desarrollo Social.
Javiera Martínez agregó que para 2024 la idea es reducir las glosas que manifiestan excepciones generales. Precisó que los hechos ocurridos con las fundaciones demuestran que es necesario cambiar y mejorar el sistema.
Manifestó la necesidad de incluir en las transferencias de capital, las regulaciones en las transferencias corrientes. A ello se suma que para los procesos concursables se establezca la exigencia de rendición de cuentas, usando el sistema de la Contraloría.
Finalmente recordó que la Dipres no es un servicio que tenga programas ni tampoco funciones fiscalizadoras. Lo que si hace es verificar el cumplimiento de las labores de su competencia y la coherencia de los movimientos respectivos.
Cabe agregar que ante la comisión expuso también la auditora general de Gobierno, Daniela Caldana, quien dio cuenta del rol de los auditores estatales y el funcionamiento del Consejo de Auditoría Interna del Gobierno (Caigg).
