Requieren al Gobierno implementar medidas para víctimas del uso de la talidomida

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Dip. Francisco Undurraga, de chaqueta, al frente

Expresar su profunda preocupación y solidaridad con las víctimas del uso de la talidomida en el país. Ese es uno de los objetivos de la resolución 979, aprobada por la Sala de la Cámara por 132 votos a favor y una abstención.

En el texto se reconocen los graves daños físicos y sicológicos causados por este medicamento. En tal plano, se solicita al Presidente de la República que, en uso de sus atribuciones exclusivas, establezca programas y servicios de apoyo médico. Igualmente, que promueva la rehabilitación e indemnización para mejorar la calidad de vida de las víctimas del uso de talidomida.

Junto a lo anterior, se insta a proporcionarles el apoyo necesario para enfrentar los desafíos derivados de sus condiciones médicas.

Los autores de la resolución son Francisco Undurraga y Jorge Guzmán, de Evópoli, junto a los independientes Christian Matheson y Hotuiti Teao.

Antecedentes

La talidomida es un medicamento desarrollado y comercializado en la década de 1950. Es un sedante y antiemético que tuvo efectos devastadores al provocar graves defectos congénitos en bebés expuestos durante el embarazo.

En Chile, la introducción y popularización de la talidomida como tratamiento para las náuseas matutinas en mujeres embarazadas condujo a una crisis de salud pública cuando comenzaron a surgir informes de niños nacidos con malformaciones congénitas debilitantes.

A medida que comenzaron a surgir estos informes se iniciaron diversas investigaciones. En ellas se descubrió que el medicamento era el responsable de estos defectos. Como consecuencia de ello, la talidomida se retiró del mercado a principios de la década de 1960. De ahí, se convirtió en un hito importante en la regulación de medicamentos.

Los autores de la resolución observaron que no se ha abordado una política de Estado sobre los miles de casos que sufrieron los efectos del medicamento en los niños recién nacidos. Recalcaron que solo se registra un proyecto de acuerdo del Senado en el cual se reconoce la responsabilidad del Estado chileno en la autorización de venta de la talidomida.