Suspender la entrega de recursos a los Gobiernos Regionales es una de las solicitudes de la resolución 998. En ella se pide al Presidente de la República que no cumpla su anuncio de aumentar las facultades y recursos a las mencionadas entidades, hasta la implementación de sistemas de control y fiscalización más eficientes.
La petición se funda en la investigación que hoy se desarrolla por el millonario traspaso de fondos sin pólizas o boletas de garantía. Se recuerda la inexistencia de un adecuado “Due Diligence” o debida diligencia, que hubiese permitido levantar las alertas respecto de fundaciones.
Auditorías a Gobiernos Regionales
El texto aprobado precisa que el único mecanismo de control que corresponde a las auditorías a los Gobiernos Regionales no es obligatorio. De hecho depende del mismo auditado el pedirla o no, lo que resulta paradójico.
Como ejemplo se menciona una auditoría externa solicitada, por años, al GORE de Arica y Parinacota, la que finalmente se llevó a cabo. Sin embargo el Gobernador Regional se niega sistemáticamente a dar a conocer a la ciudadanía sus resultados, lo que hace que esta herramienta de control sea completamente ineficaz.
Por ello, se apunta en el documento se hace necesario suspender cualquier traspaso de mayores facultades, especialmente presupuestarias, a los Gobiernos Regionales.
Todo, hasta que no se implementen mecanismos de control y fiscalización eficientes, que eviten un mal uso de recursos fiscales y den garantías a la comunidad de que existen controles efectivos del actuar de las autoridades regionales.
El texto fue presentado por los diputados independientes Víctor Alejandro Pino y Christian Matheson, junto a Enrique Lee (PRI), Roberto Arroyo (PDG), Juan Antonio Coloma (UDI) y Jorge Durán (RN).
