Llaman a extender cobro de seguro de cesantía de los trabajadores afiliados a la AFC

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Dip. Pamela Jiles

La Sala de la Cámara respaldó la resolución 956. Esta solicita al Ejecutivo extender la posibilidad de cobro del seguro de cesantía de los trabajadores afiliados a la AFC (Administradora de Fondos de Cesantía). Ello, al evento de desempleo de su cónyuge o conviviente civil.

Lo anterior, siempre que este último haya agotado el retiro de fondos desde su seguro y siga desempleado. O, también, que no cuente con la posibilidad de retirarlos.

El texto señala que, en casos de cesantía del trabajador y trabajadora, se activa la posibilidad de retirar el dinero acumulado en su cuenta. Esto, a través de giros mensuales de acuerdo con el porcentaje de remuneración. En algunos casos, existe la posibilidad de recurrir al Fondo de Cesantía Solidario. Este se financia con aportes de los empleadores y del Estado.

El documento sostiene que es de público conocimiento que la situación de crisis económica arrastrada de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, hoy repercute fuertemente en el empleo. Así, se observan alzas sostenidas en las cifras de cesantía durante los últimos meses, lo que resulta cada vez más urgente de abordar.

En este contexto se llama a ir en apoyo de las familias que se encuentran empobrecidas y soportando esta situación en un momento en que los precios se encuentran elevados y difíciles de sostener. Ello, hace necesario aplicar políticas específicas que apunten a mitigar las consecuencias del desempleo.

Para entender el fin que persigue el seguro de cesantía, los legisladores especificaron que este protege a los trabajadores afiliados al evento de desempleo de su cónyuge o conviviente civil, una vez que este último haya retirado el propio y sin encontrarse nuevamente empleado o en el caso de que este no haya contado con él.

Lo anterior, dado que esta situación repercute igual e inevitablemente en la calidad de vida del trabajador afiliado y su familia, aun cuando no haya perdido su empleo.

La resolución fue presentada a la Cámara por los diputados Pamela Jiles (PH) y Félix González (PEV).