Dos proyectos relacionados a seguridad pública concentran la tabla de este lunes 7 de agosto de la sesión de la Sala de la Cámara. La jornada está programada para realizarse entre las 17:00 y las 19:00 hrs.
La primera de las propuestas (boletín 15956) modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal. Su objetivo es sancionar como falta el porte injustificado de combustibles aptos para la comisión de atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas durante reuniones en lugares públicos.
El informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana explica que su idea matriz es proteger el derecho a manifestarse pacíficamente. Así, busca asegurar la integridad física de las personas que ejercen dicho derecho, de los transeúntes y de las policías.
Para lograr el citado objetivo, se propone disponer de herramientas para disuadir de toda acción o conducta que pueda atentar contra tal garantía. En dicho plano, incorpora una nueva falta en el ordenamiento jurídico punitivo aplicable en el contexto de reuniones en lugares de uso público.
La falta apunta a quien porte, injustificadamente, combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas. La multa planteada a esta situación será de diez a veinte UTM.
Igualmente, se permite a las policías detener a las personas que incurran en la falta que se sanciona.
Finalmente, se castiga con presidio menor en su grado mínimo a medio (de 61 días a 3 años y un día) a quien fuese aprehendido con sustancias, artefactos o implementos dispuestos para fabricar elementos de carácter explosivo. Lo anterior es sin perjuicio que el hecho pueda derivar en tentativa o comisión frustrada de un delito distinto, en cuyo caso se aplicará la pena de mayor entidad.
Ocupaciones ilegales
El segundo proyecto que está en la tabla de este lunes 7 de agosto regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles. El texto (boletines refundidos 14015 y 13657), además, fija nuevas penas y formas comisivas. Junto a ello, incorpora mecanismos eficientes de restitución. Contará para su análisis con el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Entre los principales objetivos de la propuesta está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación. Asimismo, extiende el período de flagrancia tratándose de este delito.
Por otra parte, permite, tanto durante la investigación del delito como al presentarse la demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado.
Adicionalmente, autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.
De igual modo, castiga con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitio ocupado ilegalmente. Junto a esto, incorpora restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz, mientras exista juicio pendiente por usurpación.
Por último, modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados.
