Ayer, miércoles 2 de agosto, se constituyó una nueva comisión investigadora (CEI 24). Ella estará encargada de analizar los actos del Gobierno respecto del incumplimiento de los peritajes para la identificación de víctimas de desaparición forzada.
Entre sus primeras acciones, el grupo parlamentario eligió como presidenta a la diputada Lorena Pizarro (PC). Asimismo, acordó que sesionarán los días lunes, entre las 11.00 y las 13:00 horas.
La instancia, además de la diputada Pizarro, está integrada por: Cristián Araya (PREP), Marta Bravo (UDI), Camila Flores (RN), Enrique Lee (PRI), Daniel Lilayu (UDI), Daniel Manouchehri (PS), Cosme Mellado (PR), Claudia Mix (Comunes), Carla Morales (RN), Rubén Darío Oyarzo (PDG), Marcela Riquelme (IND) y Cristián Tapia (IND).
La comisión deberá evacuar su informe en un plazo no superior a 90 días. Y, para el cumplimiento de su cometido, podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
Cometido de la comisión
El análisis se efectuará tomando en consideración la existencia de 89 cajas depositadas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, así como de 300 osamentas que, según el Servicio Médico Legal, han cumplido dos décadas sin ser periciadas para la identificación de víctimas de desaparición forzada.
En dicho plano, se espera reunir antecedentes relativos a actos del Gobierno, especialmente del Servicio Médico Legal y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependientes del Ministerio de Justicia y DDHH, entre los años 2001 y 2022.
En sus fundamentos, la comisión aprobada resalta que nuestro país carga con una triste historia de impunidad. Precisa que los hechos descritos son parte de las múltiples fallas que han tenido las instituciones a cargo de obtener la verdad, justicia y reparación.
Sostiene que estas situaciones reflejan irregularidades y falta de priorización en la búsqueda de la verdad total. Recuerda que obtener esa verdad es un mínimo para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado de Chile, en materia de derechos humanos.
