Lograr un robustecimiento del seguro de cesantía, para convertirlo en una herramienta de política pública efectiva, solidaria y sostenible, particularmente en el actual contexto económico. Esa es la principal finalidad del proyecto (boletín 15990) que aprobó hoy la Sala de la Cámara y derivó a segundo trámite.
Un primer punto abordado es la disminución de los requisitos de acceso a los Fondos de Cesantía en caso de pérdida de empleo. En dicha línea se baja el número de cotizaciones registradas que permite el acceso a las prestaciones con cargo a la cuenta individual por cesantía (CIC):
- De 12 a 10, en caso de trabajadoras/es con contrato indefinido o de casa particular.
- De 6 a 5, en el caso de trabajadoras/es con contrato a plazo fijo.
Asimismo, se propone disminuir el número de cotizaciones registradas que permite el acceso a las prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS), de 12 a 10, en los últimos 24 meses anteriores al término de la relación laboral.
En segundo lugar, se incrementan los beneficios por cesantía con cargo a la CIC. Para ello, se impulsa un aumento de tasa de reemplazo del segundo mes de las prestaciones. Ella va desde 55% a 60%, del respectivo promedio de remuneraciones.
Luego, se incrementan los beneficios por cesantía con cargo al FCS. Ello, mediante el aumento de la tasa de reemplazo del segundo mes de beneficio y la actualización de los límites inferiores y superiores de las prestaciones para las y los trabajadores con contrato indefinido o de casa particular.
En el caso de quienes tienen contrato a plazo fijo, se agregan un cuarto y quinto giro. De tal modo, su tabla de beneficios queda con cinco giros mensuales.
Flexibilización en situaciones especiales
En este robustecimiento del seguro de cesantía, igualmente, se impulsa una flexibilización de los requisitos de acceso frente a situaciones especiales. Particularmente, se apunta a la pérdida de empleo en una zona declarada en estado de catástrofe por calamidad pública o de alerta sanitaria. Esto, cuando, implique la paralización de actividades en todo o en parte del territorio de una región.
En este marco, se prevé la disminución del número mínimo de cotizaciones registradas que permite el acceso a las prestaciones con cargo a la CIC. Así, se pasa de 10 a 8, para quienes tienen contrato indefinido o de casa particular; y de 5 a 4, para los de plazo fijo.
Asimismo, se propone la disminución del requisito del número de cotizaciones registradas que permite el acceso a las prestaciones con cargo al FCS, de 10 a 8, en los últimos 24 meses anteriores al término de la relación laboral.
Paralelamente, mejora las tasas de reemplazo, hasta por dos prestaciones mensuales, con cargo a la CIC. Además, se otorgan hasta dos prestaciones mensuales mejoradas, con cargo al FCS, respecto de la ley vigente.
Asimismo, las y los trabajadores que estén percibiendo su último giro con cargo al FCS durante el mes de inicio de vigencia del acto o declaración de la autoridad competente tendrán derecho a percibir dos giros adicionales, con una tasa de reemplazo del 30% de la remuneración promedio.
Otras mejoras en el sistema
En otra línea, se agrega una clase de activo que aporta al portafolio en términos de mayor retorno y menor volatilidad. Esto permite obtener un portafolio más eficiente en términos de riesgo-retorno.
Por otra parte, se proponen modificaciones que permite un préstamo de cargo fiscal para el financiamiento de las prestaciones en régimen. Igualmente, para las definidas en el marco de estados de excepción, con el objetivo de velar por la sustentabilidad del FCS.
El préstamo se podrá activar siempre que el valor del Fondo sea inferior a 19 millones de UTM. Los recursos fiscales, en ningún caso, podrán ser superiores a 5 millones de UTM. Y, previo a este trámite, se obliga a consultar un estudio actuarial que concluya que el FCS es sustentable luego del préstamo de cargo fiscal. En todo caso, los dineros se tendrán que reintegrar en un plazo máximo de diez años.
También se generan mejoras en la empleabilidad y reinserción laboral, en la línea de la Agenda de Productividad presentada por el Ejecutivo. En este contexto, se realiza un cambio conceptual para evitar que se restrinja el uso de los fondos para aprestos básicos y capacitaciones. Así, se varía hacia un concepto que incluya la intermediación laboral de manera más amplia.
Discusión
Tras la rendición de los informes de las comisiones de Trabajo y de Hacienda, por los diputados Frank Sauerbaum (RN) y Jaime Naranjo (PS), respectivamente, se inició el debate sobre este robustecimiento del seguro de cesantía.
En el participaron Marta Bravo (UDI), Boris Barrera (PC), Frank Sauerbaum, Alberto Undurraga (DC), Juan Santana (PS), Agustín Romero (PREP), Sara Concha (PSC), Miguel Mellado (RN), Camila Rojas (Comunes), Daniel Lilayu (UDI), Carolina Tello (PC), Ximena Ossandón (RN) y Luis Alberto Cuello (PC).
La opinión general fue en apoyo al proyecto de ley. Se remarcó la importancia de ampliar la cobertura y el nivel de las prestaciones en el actual contexto económico del país.
Asimismo, se relevó la importancia de este instrumento de seguridad social, que concretó más de 115 mil solicitudes en abril pasado. También se destacó que se flexibilice su acceso frente a situaciones como las alertas sanitarias.
Entre las observaciones estuvo la necesidad de estudiar la sustentabilidad a largo plazo del Fondo. De igual modo, llegar a un acuerdo en materia de pensiones.
Al momento de las votaciones, el texto se aprobó en general por 133 votos a favor y una abstención. Luego, en votaciones separadas se rechazó una norma que entregaba una autorización especial a las AFP para efectuar transferencias de algunos instrumentos entre sus Fondos, sin recurrir a los mercados formales.
