Instar al Primer Mandatario a enviar un proyecto de ley que asegure la defensa jurídica en caso de investigación administrativa o penal que involucre a personal de las FF.AA. y de Seguridad Pública. Ese es el objetivo de la resolución 526 respaldada por la Cámara, con 72 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones.
El texto agrega que las respectivas auditorías, divisiones jurídicas u otra entidad pertinente serán las encargadas de asumir la defensa por actos acaecidos con ocasión del servicio.
Entre sus fundamentos, se indica que pertenecer a las FF.AA., a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, es un honor, una alta responsabilidad y un desafío. Son funcionarios que sirven a la Patria, por ello, el Estado debe proveerles asistencia jurídica, pues están al servicio de él.
Particularmente, atienden a los casos en que los efectivos no cuenten con abogado particular. En tal evento, proponen que, en casos donde se persiga la responsabilidad administrativa del personal, asuma su defensa la respectiva Procuraduría Fiscal del Consejo de Defensa del Estado.
Mientras que, en los casos en que se persiguiese la responsabilidad penal o civil, asuma su defensa jurídica la respectiva Auditoría General de dichas instituciones. En la PDI, en tanto, lo haría su División Jurídica.
Los autores de la resolución son Yovana Ahumada (IND), Roberto Arroyo (IND), Enrique Lee (PRI) y Gloria Naveillan (IND).
