La Cámara respaldó el informe de la comisión que analizó los actos del Gobierno relacionados con decisiones administrativas relativas a la concesión de beneficios intrapenitenciarios (CEI 4).
La instancia investigó la existencia de eventuales consideraciones políticas en la entrega de tales beneficios. Junto a ello, la eventual participación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La petición de investigar surgió a raíz de los permisos otorgados por Gendarmería en casos como el de los primos José y Luis Tralcal, condenados por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay.
Conclusiones
El informe concluye que no es posible, en base a los antecedentes y exposiciones, establecer responsabilidades políticas del Ministerio de Justicia ni de Gendarmería en la concesión de beneficios a los primos Tracal y a Celstino Córdova.
Se explica que los tres condenados recibieron el beneficio de traslado intrapenitenciario, correspondiente a traslados a Centros de Educación y Trabajo (CET), durante la administración anterior (2020). “Por tanto, es imposible configurar responsabilidad política alguna de la administración del actual Gobierno en dichas decisiones”, indica el documento.
Propuestas
En tanto, en su parte resolutiva, el texto plantea la necesidad de implementar una reforma al Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. Esto, para incorporar medidas que permitan una adecuada y estricta ejecución de las penas impuestas por la justicia. Además, para acoger en él el marco normativo internacional en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas.
El informe solicita que, en la reforma al reglamento, se contemple una mayor ponderación del informe psicosocial que hoy se exige para acceder a los beneficios intrapenitenciarios por los condenados.
Plantea que la resolución que concede el citado beneficio deberá siempre ser fundada y hacerse cargo de los fundamentos de un informe psicosocial negativo.
Por otro lado, el informe sugiere considerar el establecimiento de recintos, regímenes y programas carcelarios especiales que recojan las características de la cultura y cosmovisión de condenados pertenecientes a pueblos originarios. Esto, con el objeto de prevenir conflictos con los demás condenados y facilitar el trabajo de custodia de los funcionarios de Gendarmería de Chile.
Finalmente, propone adoptar las medidas administrativas y reglamentarias para prevenir todo tipo de presiones sobre funcionarios de Gendarmería.
Entregó el informe a la Sala el diputado Leonardo Soto (PS), quien, además, presidió la comisión investigadora e intervino en el posterior debate.
Expusieron, asimismo, Andrés Longton (RN), Gloria Naveillan (Ind), Lorena Pizarro (PC), Claudia Mix (Comunes), Emilia Nuyado (PS) y Miguel Mellado (RN).
