El sistema carcelario chileno se encuentra en crisis debido al explosivo aumento de la población penal y a la falta de condiciones que permitan ejercer un adecuado control sobre esta. Este es uno de los planteamientos de la resolución 810, que solicita al Ejecutivo analizar la factibilidad de impulsar la construcción de nuevas cárceles, así como adecuar las ya existentes.
Según cifras de 2019 incluidas en el documento, el sistema penitenciario, actualmente, cuenta con 83 unidades. De ellas, 45 tienen niveles de ocupación que exceden su capacidad.
Datos recopilados por el INDH indican que, al año 2019, existían 19 unidades que superan el 140% de ocupación, considerado como nivel crítico. Las más afectadas son Taltal (265,6%), Copiapó (220,7%), Petorca (200%) y Santiago Sur (203,8%). Cabe recordar que esta última es la más grande de Chile.
En cuanto al CDP Santiago Sur (expenitenciaría de Santiago), se resalta que “sus niveles de ocupación resultan de extrema preocupación”. Al 2019, esta cárcel albergaba a 4.858 personas, cuando su capacidad es de 2.384 personas. Esto implica que su nivel de ocupación es de 203,8%.
Operación de bandas en las cárceles
A lo anterior, se suma otra motivación para construir nuevas cárceles: la labor de una serie de bandas al interior de los centros penitenciarios. Así, a enero de 2022, Gendarmería contabilizó 754 bandas en las cárceles.
Aunque no hay datos sobre cuántas siguen operando dentro de las prisiones, su incremento es un factor que aumenta el riesgo de corrupción, se señala en la resolución.
Según aseguraron las y los autores de la iniciativa, la idea es considerar un foco preventivo. De tal modo, se aspira a que se realicen las gestiones pertinentes para encausar los estudios necesarios para el fin planteado.
La resolución la presentaron las y los diputados de Revolución Democrática Jorge Brito, Jaime Sáez, Consuelo Veloso, Catalina Pérez, Ericka Ñanco y Maite Orsini. También la suscribieron Claudia Mix y Camila Rojas, de Comunes; y el independiente Patricio Rosas.
