Nuevamente, la Sala de la Cámara entregó su aprobación a la solicitud del Presidente de la República para prorrogar, por quince días más, el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia (EECE) en la macrozona sur. La medida afecta a la Región de la Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.
El objetivo de esta nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional es seguir facilitando la adopción de medidas de protección en la zona. Siempre en el marco del respeto a los derechos humanos.
Desde el Ejecutivo, señalan que el EECE permite la coordinación interinstitucional entre las policías, las fuerzas armadas y el Gobierno. Esto ha tenido positivos efectos en la disuasión de eventos violentos y desordenes.
La solicitud del Ejecutivo, que ahora debe ser vista por el Senado, obtuvo 104 votos a favor, 24 en contra y 12 abstenciones. La norma vigente vence el próximo 25 de junio de 2023.
Debate Estado de Excepción
En la discusión de la prórroga participaron las y los diputados Bernardo Berger (IND), Ana María Bravo (PS), Francisco Pulgar (IND), Daniel Lilayu (UDI), Stephan Schubert (IND), Marcos Ilabaca (PS), Mauricio Ojeda (IND), Joanna Pérez (IND), Miguel Ángel Becker (RN), Flor Weisse (UDI), Miguel Mellado (RN), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Cristóbal Urruticoechea (PREP), Juan Carlos Beltrán (RN), Jorge Rathgeb (RN) y Henry Leal (UDI).
Si bien muchos manifestaron su respaldo a la iniciativa, también alertaron sobre los atentados que han afectado a la región de Los Ríos. Frente a esto, demandaron mayores medidas por parte del Estado en la zona.
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, explicó lo que está haciendo el Gobierno en la región. Señaló que el subsecretario, Manuel Monsalve se encuentra en la zona levantando refuerzos para prevenir los atentados en Los Ríos.
Junto a esto, enfatizó que “este año no hay más atentados que el año pasado”. Sin embargo, reconoció que los hechos acontecidos en las últimas semanas son de una gravedad mayor.
Lo anterior debido a la vulneración de derechos que afectaron a los trabajadores y el efecto que los atentados generan en la economía e inversión local. Por ello explicó que se están buscando mecanismos para mejorar la investigación penal con PDI y la fiscalía.
