Por unanimidad la Comisión de Constitución aprobó el veto del Presidente de la República al proyecto que aumenta sanciones a delitos económicos y atentados contra el medio ambiente.
La norma modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos. (Boletines refundidos 13.204 y 13.205)
En especificó las observaciones del Ejecutivo realizan modificaciones sobre el sistema de reglas (tipificación y vacancia). Dichas modificaciones buscan clarificar interpretación y facilitar operatividad. Asimismo, persiguen clarificar puntos y salvar conflictos eventuales u omisiones.
La subsecretaria general de la presidencia, Macarena Lobos, explicó que una vez despachado el proyecto se identificaron una serie de aspectos que eran mejorables. La idea es garantizar la aplicabilidad de la norma sin afectar el fondo de la misma.
Veto
En materia de sistema de reglas se corrige la eliminación involuntaria (derogación) de figuras penales que forman parte de los “delitos base” del lavado de activos. También se ajusta la norma sobre uso fraudulento de tarjetas de pago y se corrige la falta de coordinación con regla de vacancia de la reciente ley 21.563 que modifica la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento.
Con respecto a modificaciones para clarificar la interpretación y facilitar operatividad, estas colaboran a evitar interpretaciones excesivamente formalistas, con el riesgo de alteración de la pretensión establecida.
Por último, en las modificaciones que clarifican puntos y salvan conflictos eventuales, o que su inclusión salva una omisión, se cuentan la Inclusión del delito de falsedad en un procedimiento concursal y la inclusión del delito de tráfico de influencias, entre otros puntos.
Celulares
Durante la jornada la instancia abordó también el proyecto que modifica el Código Penal, para tipificar el delito de tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior ( Boletín N° 15.796)
El subsecretario de justicia y derechos humanos, Jaime Gajardo, explicó que los teléfonos no solo se utilizan para cometer delitos, sino que para coordinar la comisión de ilícitos tanto al interior cómo al exterior de los recintos penitenciarios.
En cuanto a otras medidas de gestión administrativa, informó que el Ejecutivo está implementando acciones relacionadas con la gestión de la inhibición de teléfonos celulares. Precisó que ya hay na licitación en curso para implementarla en 14 centros penales.
Específicamente, la norma indica que el que, encontrándose privado de libertad en un establecimiento penitenciario, tenga en su poder estos dispositivos, sin estar legal o reglamentariamente autorizado al efecto, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.
Por otro lado, el funcionario público que, teniendo conocimiento de la existencia al interior de un establecimiento penitenciario de cualquiera de estos elementos omita denunciar el hecho a la autoridad competente, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo y suspensión en su grado mínimo a inhabilitación absoluta temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio del cargo u oficio.
