Tres son las propuestas legislativas que contempla la tabla de este lunes 12 de junio, partiendo con un texto (boletín 15407) despachado por la Comisión de Economía.
El proyecto, ya aprobado en general por la Sala, consagra el derecho al olvido en materia financiera. Este consiste en un conjunto de garantías que obliga a los responsables de datos a eliminar los datos personales relativos a información financiera de deudas impagas. Lo anterior se aplica cuando no existan razones legítimas para que sigan siendo conservados una vez cumplida su finalidad.
Luego, se especifica que la citada obligación deberá cumplirse atendiendo que las deudas impagas se hicieron exigibles o se extinguieron, lo primero que ocurra, hace más de cinco años. Para ello no se requerirá solicitud, orden judicial ni instrucción de la autoridad. Además, se prohíbe su publicación, venta y cesión a cualquier título.
Si la obligación reportable fuese pagadera en cuotas, el referido plazo se considerará respecto de la fecha en que se haya hecho exigible o extinguido la obligación de pago de cada cuota.
No obstante lo indicado, los responsables de datos podrán mantener información anonimizada sobre las deudas señaladas.
Se entenderá por información anonimizada aquella que es el resultado de un procedimiento irreversible, en virtud del cual un dato personal no puede vincularse o asociarse a una persona determinada, ni permitir su identificación, por haberse destruido o eliminado el nexo con la información que vincula, asocia o identifica a esa persona.
Se exceptuarán de la citada obligación los órganos del Estado, salvo aquellos que se rijan por el derecho común.
Junto a lo anterior, se definen otras exigencias para las entidades bancarias y financieras, ofertantes y prestadoras de servicios y productos financieros. También para responsables de datos relativos a deudas prescritas.
Por último, se definen las sanciones a aplicar para los infractores de esta ley.
Otros puntos en tabla
La tabla de este lunes 12 presenta en su segundo lugar un proyecto que se verá de acuerdo a las modificaciones planteadas por el Senado. Se trata del texto (boletín 13535) que suprime o modifica la intervención de notarios en trámites, actuaciones y gestiones determinadas.
La propuesta la originó el Ejecutivo, en mayo de 2020, y la Cámara la despachó en primer trámite, en diciembre de 2022.
Finalmente, se contempla analizar una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y al Código Sanitario. La iniciativa (boletín 14683) incorpora el principio precautorio y la participación ciudadana en las decisiones de autoridades administrativas facultadas para disponer el retiro de industrias y similares que causen daños y/o molestias a la población.
Se verá de acuerdo al segundo informe de la Comisión de Vivienda, ya rendido.
