Con 91 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones las y los diputados aprobaron la resolución 714. La iniciativa demanda al Gobierno diseñar una nueva política nacional energética y de combustibles. Esto para contemplar mejores mecanismos para estabilizar el precio de los combustibles a los consumidores finales.
Para esto, la propuesta considera la eliminación de los beneficios tributarios para el impuesto específico al petróleo diésel. Además, se hace un llamado a avanzar de manera más acelerada hacia la electro-movilidad.
En el texto se argumenta que, desde noviembre de 2020, sólo se han evidenciado incrementos sostenidos en los precios de las gasolinas y el petróleo. Agrega que, según expertos, el precio de la bencina no bajará de los $1.000, situación que repercute en los bolsillos de todas las familias.
Frente a este escenario, quienes promovieron la resolución señalan la necesidad de “tomar cartas en el asunto”. Para esto, solicitan que se diseñe una política de carácter permanente que genere beneficios económicos y medioambientales.
Por un lado, se solicita la eliminación de la posibilidad que grandes empresas y exportadores puedan recuperar hasta el 100% del impuesto específico pagado. Junto a esto, se pide avanzar “a paso firme” hacia la electro-movilidad, facilitando el desarrollo del sector a través de beneficios arancelarios.
La idea es promover esta industria, tanto para consumo a nivel macro como también a nivel particular. De esta manera, se busca potenciar el cuidado del medio ambiente, la rebaja de los costos para las familias y el desarrollo de la industria local.
La resolución fue promovida por las y los diputados del Comité PPD e independientes, Raúl Soto, Jaime Araya, Carlos Bianchi, Marta González, Carolina Marzán, Helia Molina, Camila Musante, Cristián Tapia y Héctor Ulloa.
