135 votos a favor y 1 en contra recibió la resolución 379. En ella se hace un llamado al Servicio Nacional de Migraciones y a la Policía de Investigaciones a aumentar la fiscalización de visas de trabajo en zonas rurales. Asimismo, revisar los antecedentes de las personas migrantes que ahí laboran.
El texto pertenece a Félix Bugueño (FRVS), Mercedes Bulnes (IND), Ana María Gazmuri (PAH) y Luis Alberto Cuello (PC).
Entre los argumentos, el texto menciona que el fenómeno migratorio, con sus consecuencias positivas y negativas, no se ha mantenido circunscrito a las zonas fronterizas. Se ha extendido a las urbes y llegado también a las zonas rurales. Sin embargo, las medidas que se han planteado respecto de la migración han apuntado mayormente a reforzar los controles migratorios en los puntos de ingreso regulares y en fiscalizar con más intensidad en las grandes ciudades.
Se reconoce que en las comunidades rurales ha habido avance en la fiscalización de la PDI. No obstante, se estima que hay un aumento de la sensación de inseguridad de la población.
A ello, se suman abusos a la población migrante en el ámbito laboral, llegando incluso a la trata de personas.
Por lo anterior, el texto pone de manifiesto que es necesario que el Servicio Nacional de Migraciones y la PDI refuercen sus servicios preventivos y de fiscalización en zonas rurales.
