Un total de tres resoluciones que piden una serie de acciones en materia de seguridad aprobó la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
En primer término, por 124 votos a favor y 15 abstenciones, se respaldó la resolución 719 que solicita al Presidente de la República establecer una mesa de trabajo. El propósito es fortalecer la labor de los organismos encargados de la prevención y persecución de los delitos, pero, por sobre todo, para mejorar la coordinación entre ellos. La idea es lograr una mayor eficacia en la captura y procesamiento de los prófugos de la justicia en el país.
El texto se fundamenta en que, según las últimas estadísticas dadas a conocer por parte del Registro Civil, existen más de 30 mil personas prófugas de la justicia. En su mayoría son imputados declarados en rebeldía por el Tribunal.
La resolución es de autoría de María Luisa Cordero (IND), Juan Carlos Beltrán (RN), Marta Bravo (UDI), Sofía Cid (RN), Catalina Del Real (RN), Eduardo Durán (RN), Carla Morales (RN), Marcia Raphael (RN) y Hugo Rey (RN).
Aumento de sueldo a carabineros
En segundo término, se aprobó, por 87 votos a favor, 12 en contra y 31 abstenciones, solicitar al Mandatario el aumento de sueldo para funcionarios de carabineros. La resolución 742 pide incrementar la remuneración en un 30%.
Asimismo, insta al pago de asignaciones de riesgo con cargo al Estado, financiado mediante la reducción de un 50% de los aportes que se hacen a organismos internacionales.
En sus fundamentos, la resolución precisa que los sueldos de la policía uniformada no se condicen con la condición de riesgo permanente a que se encuentran expuestos en el cumplimiento de sus funciones.
La resolución, impulsada por la bancada republicana, es de Benjamín Moreno, Cristián Araya, Chiara Barchiesi, Harry Jürgensen, José Carlos Meza, Mauricio Ojeda, Agustín Romero, Luis Sánchez, Stephan Schubert y Cristóbal Urruticoechea.
Seguridad en sectores afectados por el narcotráfico
Finalmente, se respaldó, por unanimidad, la resolución 728. En ella se solicita al Presidente de la República que, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se implemente un plan de emergencia de intervención sociocomunitaria en sectores afectados por el narcotráfico.
El documento recalca que, entre 2010 y 2021, las zonas ocupadas por la actividad narco en la región Metropolitana se duplicaron, pasando de 80 a 174. Esto, según datos publicados por el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales en colaboración con Ciper.
La investigación demuestra una relación entre la falta de acceso a servicios básicos y el tráfico de drogas. Ello se vería agudizado por problemas de infraestructura y equipamiento de las poblaciones más expuestas a este tipo de crimen organizado en la región Metropolitana.
El texto es de Daniela Serrano (PC), María Candelaria Acevedo (PC), Luis Alberto Cuello (PC), Ana María Gazmuri (PAH), Hernán Palma (IND) y Alejandra Placencia (PC).
