La Comisión de Seguridad Ciudadana despachó a Sala el proyecto que aumenta las penas a delitos contra las policías, Gendarmería y Bomberos (boletín 14870). Esta iniciativa, conocida también como Ley Naín II, tiene por objeto desincentivar las agresiones que pueden sufrir las y los funcionarios de estas instituciones.
La norma fue aprobada en general por la Cámara en diciembre de 2022. En esta ocasión se presentaron indicaciones a la propuesta, para su análisis en particular en la comisión. Durante la última jornada se agregaron nuevas propuestas de modificaciones, tanto por parte del Ejecutivo como de parlamentarios.
Dentro de las aprobadas en la instancia, se encuentra la hecha por el Gobierno, que suprime el segundo artículo del texto. Esto porque la ley de Seguridad Interior del Estado ya tiene penas agravadas para estos delitos. Asimismo, también fue respaldada la propuesta de incluir la norma el contenido del proyecto que fortalece el trabajo de las policías. El texto, será analizado en Sala este miércoles 29 de marzo.
Inclusión de proyecto
A través de indicaciones, parlamentarios incluyeron también las normas del proyecto (conocido como Ley Retamal), tramitado la semana pasada en la comisión (boletines 15470 y 15444). Aquí se busca brindar protección a las y los policías y gendarmes, aumentando la respuesta del Estado frente a las agresiones que sufren.
Además, permite que puedan usar su arma letal para repeler ciertas acciones, en casos donde peligre su integridad física, su vida o la de otras personas. Así, establece para ellos, la legítima defensa privilegiada considerando hipótesis objetivas.
El debate en la sesión sobre esta inclusión expuso diferentes posiciones. Por un lado, la de quienes buscaban a través de esta vía acelerar la tramitación de la iniciativa que no tenía urgencia por parte del Gobierno. Por otro lado, hubo quienes criticaron la fórmula considerando que se mezclaban dos iniciativas con ideas matrices diferentes.
En esa línea, la ministra del Interior, Carolina Tohá planteó sus reparos a varias indicaciones. Expresó su rechazo al mecanismo, pues señaló que el Gobierno había comprometido mejorar el proyecto por otras vías. Sin embargo, en la votación de la propuesta, las y los diputados respaldaron el texto por 9 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.
Otras solicitudes
Antes de comenzar la votación de las normas, la comisión solicitó una serie de oficios para recopilar más antecedentes sobre la seguridad en el país. El primero para saber, según el Registro Nacional de Prófugos, cuántas personas hay con quebrantamiento de condena desde la cárcel de Valparaíso. Lo propio respecto de cuántas se encuentran en esta condición y cumplen condenas por delitos graves.
Junto a esto, solicitaron que los antecedentes que se reciban se comuniquen al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Esto con el objeto de que la cartera oficie entidades públicas para que alerten a carabineros cuando una persona prófuga solicite un trámite del Estado.
Además, acordaron oficiar las policías para saber qué diligencias efectivas realizaron para encontrar al prófugo imputado por el asesinato de Rita Olivares.
