Mayor seguridad pública. Ese es el objetivo del llamado que se realiza al Presidente de la República a través de la resolución 230, aprobada en la Sala de la Cámara.
Particularmente, se pide la implementación de medidas en carreteras concesionadas a lo largo del país. La idea es prevenir hechos delictuales relacionados a la modalidad delictiva de las encerronas.
Para lo anterior, se plantea contar con un número de teléfono único para todas las empresas concesionarias de carreteras urbanas e interurbanas que permita a los usuarios denunciar de forma rápida y efectiva hechos delictuales al interior de las carreteras.
La resolución, promovida por las diputadas independientes Natalia Romero y Marlene Pérez, también solicita la instalación de luminarias y de cámaras de seguridad. Así, se espera identificar de mejor manera estos hechos delictuales y a quienes participan de ellos.
Además, se pide que las empresas concesionarias entreguen todos los antecedentes audiovisuales, documentales o de cualquier otro tipo, que sirvan a la investigación, cuando así lo soliciten las víctimas, las policías o el Ministerio Público. Con ello se espera agilizar la investigación de este tipo de situaciones. Dicha obligación debiese considerar tiempos acotados y una correcta coordinación público-privada.
Asimismo, se propone mayor coordinación entre las empresas concesionarias y Carabineros de Chile. El objetivo es que estos cuenten con conexión directa a las cámaras de seguridad y evitar retrasos en su actuar. Igualmente, posibilitar, por medio de identificadores de patente, una mejor y más rápida actuación para la prevención de “encerronas”.
Finalmente, se llama a la revisión de contratos de concesión de obras públicas actualmente vigentes. De tal manera, se podrían establecer obligaciones relativas a medidas mínimas de seguridad en las carreteras. Y, también, aplicar dichos criterios a futuros contratos de concesión.
