La comisión investigadora encargada de analizar la entrega de beneficios intrapenitenciarios recibió a la presidenta de la Junta Directiva de Amnistía Internacional, Sofía Lanyon. En la oportunidad, la personera dio cuenta del informe del organismo sobre la existencia de prejuicios hacia el pueblo mapuche. Igualmente, respecto de límites a los beneficios penitenciarios y estándares concedidos a las personas de pueblos indígenas condenadas por comisión de delitos.
En el primer punto, la expositora señaló que se debe cumplir con ciertos criterios al momento de la investigación. “Es imperativo investigar a fondo todos estos crimines, pero debe ser con un irrestricto apego a las normas del debido proceso”, afirmó.
Acotó que, en el derecho internacional, en el marco de los derechos humanos, toda persona tiene derecho a postular a beneficios penitenciarios. Sin embargo, explicó que existe un estándar exigente: “que la conducta del condenado durante la detención revele un auténtico arrepentimiento”.
Asimismo, abordó la necesidad de relevar temas como el respeto y garantía de los derechos culturales de personas pertenecientes a pueblos originarios. En esa línea, precisó que “los tratados internacionales de Derechos Humanos otorgan una amplia protección a los derechos culturales y religiosos”.
Tras la exposición, los parlamentarios plantearon interrogantes acerca de la estigmatización del pueblo mapuche en los juicios. De igual modo, consultaron sobre si es aceptable o no la creación de cárceles especiales.
El grupo fiscalizador, que preside el diputado Leonardo Soto (PS), proseguirá su investigación en las próximas jornadas. El objetivo de la instancia es reunir antecedentes relativos a la concesión de permisos de salida por parte de Gendarmería de Chile.
También deberá indagar la existencia de eventuales consideraciones políticas en decisiones administrativas, relacionadas con beneficios intrapenitenciarios y la participación que pudiere caberle en ello al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
