Por 144 votos a favor, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley de la república el proyecto en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales, en materia de transformación digital del Estado (boletín 14969).
La norma aplaza la entrada en vigencia en rigor de la Ley 21.180, sobre Transformación Digital del Estado. La nueva fecha acordada, el 31 de diciembre de 2027, no inhibe, sin embargo, su aplicación gradual en el periodo previo, para lo cual se determinan diversas fases de implementación.
Esta normativa supone un cambio fundamental para la administración pública. Ello pasa por modificar la relación entre el Estado y la ciudadanía a través de un compromiso de la administración de facilitar la interacción con las personas. Para ello se espera la implementación de modalidades digitales de atención y procedimientos administrativos más eficientes.
Informó el proyecto a la sala la diputada Marta González (IND). Participaron además en el debate las y los diputados Carlos Bianchi, Johannes Kaiser, Patricio Rosas, Leonidas Romero y María Luisa Cordero (IND) ; Cristhian Moreira y Marta Bravo (UDI); Jaime Mulet (FRVS); Bernardo Berger y Ximena Ossandón (RN); Agustín Romero (PREP); Rubén Darío Oyarzo (PDG); Joanna Pérez y Héctor Barría (DC); Jaime Naranjo y Emilia Nuyado (PS); Carolina Tello (PC); Alejandro Bernales (PL).
En términos generales las/os legisladores destacaron los beneficios de la norma, dada la necesidad del Estado de hacerse cargo de la alfabetización digital y la ruralidad. Precisaron que el nuevo plazo propuesto permitirá mejorar la capacitación en los servicios públicos o reparticiones más apartadas, principalmente municipios.
Intervino también en sala la subsecretaria General de Presidencia, Macarena Lobos. Precisó que el objetivo de la norma es hacerse cargo de la brecha digital. La idea es avanzar tanto en conectividad como en capacitación, para entregar a la población, una atención mas oportuna y eficaz.
Alcances del proyecto
La norma señala, entre otras materias, la gradualidad para la aplicación de la ley respecto de los diversos órganos de la administración del Estado. Establece un periodo legal de preparación que se extenderá desde el mes de junio del 2022 y durante todo el año 2023. Luego, se contempla que, a inicios del año 2024, comiencen a aplicarse las fases de implementación propiamente tal.
El texto explica que el objetivo de este nuevo periodo de preparación será que los órganos de la administración del Estado generen mejores condiciones habilitantes para una implementación ordenada, gradual, coherente y sujetas a estándares comunes.
De tal modo, se espera apoyar a los organismos públicos con mayores brechas en soluciones tecnológicas, entre ellos varios servicios públicos y municipios.
Finalmente, el proyecto plantea que, si bien la ley se aplicará gradualmente, no podrá extenderse, para ningún órgano de la administración del Estado, más allá del 31 de diciembre del año 2027.
