La Sala aprobó, por 107 votos a favor, 9 en contra y 25 abstenciones, la resolución 38. A través de ella se solicita al Ejecutivo un proyecto que impida conocer obligaciones incumplidas en materia financiera.
En concreto, se busca impedir, de manera excepcional y transitoria, el acceso a los boletines de información comercial. Esto, por parte de las entidades financieras reguladas y fiscalizadas por la comisión para el mercado financiero.
La medida se establece respecto de obligaciones incumplidas durante los años 2020, 2021 y 2022. Y, en específico, en relación con personas y empresas calificadas como de menor tamaño.
Antecedentes
La resolución plantea que la realidad económica y presupuestaria de los hogares atraviesa por un momento delicado.
Reportes, como el Boletín de Informaciones Comerciales o Dicom, mantienen datos sobre el comportamiento financiero de las personas. Ello afecta a los deudores al impedir su acceso al crédito, lo que es relevante para la reactivación económica de personas, familias o empresas, que no tienen la liquidez necesaria para afrontar las deudas y el ejercicio económico diario.
El documento recalca que es importante hacer presente que, si bien estos mecanismos deben respetar la legislación de la Ley 19.628, sobre protección de datos personales, actúan al margen de la regulación de la Comisión para el Mercado Financiero.
Los autores de la resolución 38 son las diputadas y diputados RN Frank Sauerbaum, José Miguel Castro, Jorge Durán, Andrés Longton, Carla Morales y Hugo Rey. También la suscriba la representante del PDG, Yovana Ahumada.
