La Comisión de Educación inició la votación particular del proyecto que modifica diversos cuerpos legales, para incorporar el principio de equidad digital entre los estudiantes, asegurar su conectividad y el acceso a internet, como herramienta en el derecho a la educación (boletines 14579 y 13482).
La instancia respaldó una serie de indicaciones que van en la línea de cerrar la brecha digital existente en muchas localidades de nuestro país. Al mismo tiempo, dejó pendiente dos enmiendas, que modifican la Ley General de Telecomunicaciones.
La propuesta modifica la Ley 20.370, General de Educación. Señala que la equidad educativa comprende el derecho de todos los estudiantes a recibir contenidos pedagógicos, de manera continua y neutrales tecnológicamente. Esto, incluso de forma remota, especialmente, para aquellos que tienen brechas digitales por factores, geográficos, económicos, de género, culturales, entre otras.
Asimismo, agrega que el Estado deberá asegurar las condiciones materiales necesarias para el adecuado uso y aprovechamiento de estos recursos educacionales.
“El Estado deberá capacitar, alfabetizar, formar digitalmente y desarrollar las habilidades y competencias necesarias de los integrantes de la comunidad educativa, que sean imprescindibles en el proceso educativo digital”, describe el texto.
Conectividad digital
La instancia aprobó una indicación que describe que “el sistema propenderá al acceso equitativo y efectivo a la conectividad digital, dentro y fuera de los establecimientos e instituciones educacionales”. Asimismo, agrega que deberá garantizar su infraestructura, suministro, regulación, diseño, gestión y utilización.
Lo anterior, incluirá ancho de banda suficiente, herramientas, servicios e instrumentos tecnológicos, que permitan el pleno ejercicio del derecho a la educación. Ello, adoptando las medidas necesarias para evitar la exclusión digital.
Sobre este punto, un grupo de legisladores hizo reserva de constitucionalidad. Advirtió que existe una dificultad para llevar a la práctica la conexión digital para todos los estudiantes.
El proyecto señala, además, que el Estado garantizará una conexión estable a todos los estudiantes. Esto, cuando los establecimientos educacionales, que reciben financiamiento público y que estén inhabilitados de prestar el servicio de manera presencial, deban conectarse de manera telemática.
Al mismo tiempo, establece que nadie podrá hacer uso de los datos personales a los que tenga acceso, para fines distintos de aquellos que justificaron su recolección.
La norma vigente establece que no se podrá cancelar la matrícula, ni suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven del no pago de obligaciones contraídas por los padres o del rendimiento de los alumnos. La propuesta en trámite agrega a ello la repitencia. Aplicará en el caso de que no posean los medios, herramientas, servicios e instrumentos tecnológicos necesarios para la conectividad digital, que implique la realización de actividades de aprendizaje de manera remota, a distancia o móvil.
Educación Pública
La iniciativa también modifica la Ley 21,040 que crea el Sistema de Educación Pública. En este aspecto, se hizo reserva de constitucionalidad, por parte de un grupo de legisladores, quienes se mostraron contrarios a una indicación parlamentaria.
El texto establece que el sistema velará por el acceso equitativo y efectivo a la conectividad digital, a través de infraestructura tecnológica necesaria. Sostiene que serán los Servicios Locales de Educación Pública quienes promoverán la entrega y prestación efectiva.
La instancia continuará la votación en particular de la iniciativa en una próxima sesión.
